Pidieron la detención de Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, sumó un nuevo capítulo. El fiscal Sergio Mola solicitó su detención, un pedido que ahora deberá ser analizado por el juez federal Luis Armella.

La presentación de la fiscalía se produjo luego de que la causa cobrara un nuevo impulso con la difusión de videos en los que aparece Jésica Cirio, expareja del exfuncionario, junto a varios fajos de dólares guardados en un vestidor.

Será ahora el magistrado quien deberá determinar si existen elementos suficientes para hacer lugar al pedido de detención formulado por el Ministerio Público Fiscal.

Una investigación que comenzó con el "yategate"

La causa se inició en septiembre de 2023, tras la difusión de imágenes de Insaurralde disfrutando de un viaje por el Mediterráneo a bordo del yate "Bandido", junto a la modelo Sofía Clerici.

La repercusión pública de ese episodio derivó en la renuncia del entonces jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y dio origen a una investigación para determinar si su patrimonio resultaba compatible con los ingresos obtenidos durante su función pública.

Los videos de Jésica Cirio reactivaron el expediente

En los últimos días, la Justicia ordenó allanamientos en domicilios vinculados a Jésica Cirio y a su expareja Elías Piccirillo, luego de que trascendieran grabaciones donde se observan importantes sumas de dinero en efectivo.

Como parte de las medidas de prueba, el fiscal Mola solicitó un peritaje técnico sobre los videos para establecer el monto aproximado del dinero exhibido y verificar la autenticidad del material.

Además, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia para que especialistas informáticos recuperen los metadatos de los archivos y determinen cuándo fueron registrados y cuál fue su origen.

Nuevas medidas judiciales

La investigación también incluye una inspección ocular en una vivienda ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente, con el objetivo de confirmar si allí fueron grabadas las imágenes difundidas.

A partir de la próxima semana comenzarán a declarar policías que participaron en el allanamiento realizado en 2023, además de testigos y empleadas de la vivienda, quienes deberán aportar detalles sobre la disposición del inmueble y del vestidor donde habría sido filmado el video.

En paralelo, Gendarmería Nacional secuestró los registros de ingreso al barrio privado para establecer si en los últimos años ingresó personal destinado a realizar reformas en la propiedad.

Mientras tanto, las defensas de Martín Insaurralde y Jésica Cirio solicitaron la nulidad de algunas de las pruebas incorporadas al expediente, planteos que también deberán ser resueltos por la Justicia en el marco de una causa que continúa avanzando.