Provincia coordinará con los municipios un operativo para otorgar miles de escrituras pendientes

El Gobierno de San Juan pondrá en marcha una nueva etapa del proceso de regularización dominial de viviendas con una convocatoria a los municipios de toda la provincia. La intención es unificar criterios y coordinar acciones que permitan avanzar con la escrituración de más de 10.000 inmuebles que aún permanecen sin título de propiedad.

La reunión, prevista para la próxima semana, será encabezada por la Asesoría Letrada de Gobierno y contará con la participación de los intendentes o de los funcionarios que cada comuna designe. El objetivo será analizar la realidad de cada departamento y definir mecanismos legales que permitan destrabar expedientes que llevan años sin resolución.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que al inicio de la actual gestión existía un universo cercano a las 12.000 viviendas adjudicadas que carecían de escritura. En el transcurso del último año y medio se logró regularizar la situación de aproximadamente 2.000 familias, aunque todavía queda un importante número de casos por resolver.

Las dificultades no alcanzan únicamente a complejos construidos por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). También abarcan loteos impulsados por municipios y barrios desarrollados en décadas anteriores por cooperativas, uniones vecinales, sindicatos, fundaciones y otras entidades que, con el paso del tiempo, desaparecieron o quedaron con problemas administrativos que hoy impiden completar la transferencia del dominio.

Para el Gobierno provincial, esta situación genera una importante incertidumbre jurídica para miles de familias, que ocupan legalmente sus viviendas pero no cuentan con la documentación definitiva que acredite la propiedad. La falta de escritura también suele convertirse en un obstáculo cuando deben realizarse sucesiones, donaciones o cualquier otro trámite relacionado con el inmueble.

Por ese motivo, la estrategia oficial apunta a trabajar de manera coordinada con los municipios, que poseen información territorial y antecedentes de numerosos desarrollos habitacionales. La intención es identificar los casos pendientes en cada departamento y brindar el acompañamiento técnico y jurídico necesario para encaminar cada expediente.

En paralelo, el Ejecutivo avanza en una reforma de la normativa que regula el funcionamiento del IPV. La iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados con el propósito de actualizar el marco legal del organismo, incorporar herramientas acordes a las actuales políticas habitacionales y reglamentar aspectos que hasta ahora no contaban con una regulación específica.

Con estas medidas, la Provincia busca acelerar un proceso que permitirá brindar mayor seguridad jurídica a miles de familias sanjuaninas y poner fin a situaciones que, en algunos barrios, permanecen sin solución desde hace más de tres décadas.