INFOVALLEFERTIL INNOVA CJREl Gobierno nacional introdujo una modificación en la reglamentación de la Reforma Laboral vinculada con los aportes y contribuciones previstos en los Convenios Colectivos de Trabajo, en un intento por descomprimir la tensión con el sindicalismo y evitar una seguidilla de presentaciones judiciales. La medida quedó formalizada a través del Decreto 612/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Con ese cambio, la administración de Javier Milei dejó sin efecto la norma aplicada a comienzos de julio: eliminó el tope del 2% y habilitó que las cuotas solidarias se calculen sobre el total de los conceptos remunerativos mensuales, y no solo sobre el sueldo básico de convenio. La decisión fue leída como un respaldo para la CGT, que había cuestionado la limitación fijada el 1° de julio sobre la Ley 14.250.
El nuevo texto restituye a cámaras empresarias y sindicatos la posibilidad de acordar libremente las cuotas convencionales. La norma establece que la base de cálculo comprende, además del salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador, las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional.
Desde el Gobierno y la CGT aclararon que la medida alcanza únicamente al cálculo del aporte sindical y no modifica el salario. Quedan excluidos de la base de cálculo rubros extraordinarios como horas extras, aguinaldo (SAC), plus vacacional, bonos por producción, premios y sumas no remunerativas.
La reglamentación también ratificó que los fondos recaudados deberán administrarse en cuentas separadas y destinarse de manera exclusiva a obras sociales, turismo, subsidios por nacimiento o sepelio, capacitación y beneficios asistenciales para los afiliados. Cristian Jerónimo, secretario general del gremio del Vidrio (SEIVARA), sostuvo que "El Gobierno quería evitar una lluvia de cautelares. La reglamentación anterior se excedía de lo que marcaba la propia ley".
En la misma línea de críticas, Hugo "Cachorro" Godoy, titular de la CTA Autónoma, afirmó que la decisión oficial busca priorizar el financiamiento patronal por sobre la autonomía de la cuota directa de los trabajadores. Pese al cambio normativo, la conducción sindical ratificó un plan de protestas coordinadas y escalonadas para el segundo semestre.
La primera movilización será este miércoles 22 de julio, cuando la central obrera marche junto a agrupaciones de jubilados frente al Congreso de la Nación para denunciar "el modelo de endeudamiento y el ajuste sobre las pymes y la clase media". Luego, el cronograma continuará el 7 de agosto con una concentración encabezada por la UTEP y una marcha al Ministerio de Economía a mediados de agosto.
Con ese esquema, la dirigencia sindical busca sostener la presión sobre la política económica de la Casa Rosada y dejar abierta la posibilidad de un nuevo paro general nacional hacia fin de año contra la reforma laboral.
