Milei firmó un DNU que habilitó la expulsión de extranjeros por ataques contra argentinos

El Gobierno de Javier Milei había anunciado un endurecimiento de las condiciones migratorias para los extranjeros que promovieran o incitaran mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad.

La medida también había contemplado como causal de prohibición de ingreso y expulsión del territorio nacional la participación en actos considerados de ultraje contra los símbolos patrios.

Según la comunicación oficial difundida por la Oficina del Presidente, la decisión había surgido luego de una serie de manifestaciones consideradas hostiles hacia la Argentina y sus habitantes. En ese marco, el Ejecutivo había sostenido que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos constituía un principio central de su política.

“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, había expresado Milei en el comunicado.

Qué conductas había contemplado la medida

La normativa había alcanzado a extranjeros que dirigieran mensajes de odio de manera oral o escrita o que incitaran a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto o contra ciudadanos argentinos debido a su nacionalidad.

También había incluido a quienes realizaran o participaran en actos de ultraje contra símbolos patrios nacionales, así como a quienes incitaran a cometer esas acciones.

En caso de que una persona ya contara con residencia en el país, la medida había contemplado la posibilidad de cancelar esa condición y disponer su salida del territorio nacional, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

El argumento del Gobierno

El Poder Ejecutivo había señalado que la Argentina había mantenido históricamente una política de apertura y hospitalidad hacia los extranjeros, aunque había remarcado que el Estado contaba con facultades para establecer las condiciones de admisión, permanencia y expulsión.

La administración de Milei había fundamentado el cambio en la necesidad de preservar el orden público, la seguridad interior y la convivencia social.

La medida también había puesto el foco en el respeto de los símbolos nacionales, que oficialmente habían sido reconocidos como representaciones de la Nación y de su identidad.

El trámite de un DNU

De haberse tratado de un Decreto de Necesidad y Urgencia, la norma debía ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Ese cuerpo debía analizar su validez y posteriormente elevar un dictamen a ambas Cámaras para su tratamiento.

Sin embargo, la referencia al Decreto 681/2026 incluida en el material original no coincidió con la normativa oficial actualmente publicada: el registro oficial identificó al 681/2026 como una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional vinculada a una designación en la Dirección Nacional de Migraciones.