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Otro de los principales planteos de la querella es que la investigación involucra a funcionarios públicos que se encontraban ejerciendo funciones de custodia al momento de los hechos.
Por ese motivo, los abogados sostienen que la legislación procesal provincial impide prescindir de la acción penal en este tipo de casos y solicitan que la causa continúe para determinar si existió incumplimiento de los deberes de custodia por parte del personal policial.
En ese sentido, el escrito cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la obligación del Estado de investigar de manera seria, exhaustiva e imparcial las muertes ocurridas bajo custodia estatal.
Con la presentación de la revisión, la querella pidió que el expediente sea elevado al fiscal superior para que revoque la desestimación, ordene continuar la investigación y disponga la producción de las medidas probatorias solicitadas, además de avanzar con la eventual formalización de la causa contra los funcionarios señalados.
Mientras tanto, la muerte de Alberto Daniel Paredes, ocurrida dentro de una dependencia policial de Valle Fértil, continúa generando interrogantes y mantiene abierto el reclamo de su familia, que insiste en que el caso no puede quedar sin responsables.
