INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRLa Armada Argentina apartó de sus funciones a nueve militares por una denuncia penal que investiga presuntas irregularidades en la liquidación de haberes y un perjuicio económico que, según la presentación judicial, asciende a $938 millones.
La medida alcanza a ocho capitanes de corbeta y a un suboficial, que fueron pasados a disponibilidad mientras continúa la investigación en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del magistrado Sebastián Ramos. La decisión fue adoptada por el jefe de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, en el marco de la normativa que regula al personal militar y del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.
La propia Armada presentó la denuncia luego de una investigación interna que detectó inconsistencias en el área encargada de liquidar los haberes del personal. De acuerdo con fuentes navales citadas por La Nación, las pesquisas internas todavía en curso podrían elevar el monto bajo análisis hasta $1.600 millones. Las maniobras presuntamente se habrían extendido entre julio de 2022 y enero de 2026.
Tres mecanismos bajo investigación
La denuncia describe tres modalidades presuntamente utilizadas dentro de la estructura de liquidación de haberes. Una de ellas se vincula con viáticos por servicios en el exterior que no se habrían realizado y con comisiones ya finalizadas cuyos pagos habrían seguido procesándose. El segundo mecanismo son los denominados “cobros fantasma”, basados en CUIL de personal retirado o dado de baja para acreditar haberes que no correspondían.
La tercera modalidad investigada son los llamados “suplementos con retorno”. Según la presentación, se habrían liquidado adicionales por horas extras y especialidades como buceo a personas que no realizaban esas tareas y luego se les habría exigido devolver el 50% de lo percibido. La causa, en esta etapa, involucra a 23 personas entre militares y civiles.
Personas mencionadas
Entre los militares apartados figura el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. La denuncia también menciona a personas ajenas a la fuerza como presuntas beneficiarias de pagos indebidos. Entre ellas aparece María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, quien habría recibido $152,2 millones mediante 46 acreditaciones en su cuenta bancaria.
También fueron mencionados Andrés Santana, con $99,4 millones; Amalia Cristina Díaz, con $91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia, con $90,4 millones. Además, según trascendió en el edificio Libertad, una teniente de navío que habría advertido las inconsistencias y las comunicó a sus superiores recibió un supuesto ofrecimiento de dinero para no revelarlas.
Mientras la causa sigue su curso, la Armada indicó que el pase a disponibilidad del personal militar regirá “hasta tanto se determine la eventual responsabilidad disciplinaria del personal involucrado”. La fuerza también ratificó su “política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la institución”.
