La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, mediante la Subsecretaría de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y su equipo fiscalizador, recorre cada rincón del gran san juan, a fin de detectar irregularidades en algún eslabón del sistema de trazabilidad de los residuos.

En la concreción de estos controles, en este 2021 fueron labradas 51 actas de infracción. Las infracciones fueron calificadas como Infracción Ambiental (28) sancionables con multas medias mientras que las otras 23, son consideradas delito ambiental, sancionables con multas de mayor rigor, incluyendo esta tipificación, el cobro los costos de saneamiento del predio afectado por el vertido de residuos, radiado de vehículo, y hasta prisión para el infractor.

Los departamentos más afectados por este tipo de infracciones son Rawson, principalmente en la zona del Médano de Oro y Chimbas en el área del Río San Juan, estas áreas son consideradas puntos críticos de vertido de diferentes tipos de residuos sólidos urbanos.

La mayoría de las infracciones registradas fueron realizadas por traslado de RSU asimilables a escombros, recortes de verde, osamentas de animales en movilidades no habilitadas y dispuestos en predios no autorizados para la disposición final de estos residuos.

Modificación de la Ley Provincial N° 1.114-L
En búsqueda de la evolución de todo el sistema gestión integral de residuos sólidos urbanos de la provincia, el Poder Legislativo realizó una modificación a la Ley Provincial N° 1.114-L, de Gestión Integral de Residuos, a través de la cual se incorpora aspectos como la realización de actividades por parte de Municipios, organizadas con el apoyo del Estado Provincial a fin de erradicar basurales emergentes, remediar lotes baldíos y sitios crónicos de arrojo de residuos.

También, desde la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable se busca trabajar junto a los municipios en la elaboración de un Programa de Gestión de los residuos municipales que contemple todos los aspectos comprendidos en mencionada Ley.

Las modificaciones a la Ley 1114-L, incluyen además el endurecimiento del régimen sancionatorio con severas multas, y detalla que cuando el responsable es el organismo público se debe aplicar una multa de entre $80.000 (pesos ochenta mil con 00/100- 10000 UT) y $4.000.000 (cuatro millones cuatrocientos mil con 00/100- 500 mil UT) según Ley Tributaria en vigencia.