Los alumnos de la Boero que realizaron la amenaza de bomba deberán pagar 4 millones de pesos
Ricardo Joaquín Barassi y Tobías Fernández, dos alumnos de la Escuela Ing. Rogelio Boero, lograron evitar el juicio tras una falsa amenaza de bomba que obligó a evacuar el establecimiento
El pasado 30 de julio de 2025, alrededor de las 11:35, un llamado al 911 encendió la alarma en la Escuela de Educación Técnica N°1 Ing. Rogelio Boero. La voz de un joven alertaba sobre la presencia de una bomba en el establecimiento, y la geolocalización del teléfono desde el que se hizo el llamado confirmaba que provenía desde el interior de la institución.
De inmediato, personal policial y efectivos de la Sección Explosivos evacuaron a todas las personas presentes y realizaron una minuciosa inspección en el edificio y alrededores. Finalmente, no encontraron ningún artefacto explosivo.
Las tareas investigativas posteriores permitieron determinar que el número de teléfono desde el que se realizó el llamado estaba registrado a nombre de Juan Paulo Ferreyra Castro, de 18 años. Sin embargo, en declaración espontánea en sede de la Comisaría Sexta y con pruebas reunidas por la Fiscalía, se estableció que Ferreyra Castro no participó del hecho: sus compañeros Tobías Fernández (19) fue quien marcó el 911, mientras que Ricardo Joaquín Barassi (18) fue quien dio la falsa alarma sobre la bomba.
Ambos estudiantes, que cursan el último año de la especialidad Electromecánica, terminaron imputados como coautores materiales del delito de Intimidación Pública, en perjuicio del orden público.
En la audiencia de formalización, control de detención y suspensión del proceso a prueba que se realizó en la Sala 4 de Tribunales, la Justicia resolvió concederles la probation, es decir, la suspensión del juicio a prueba. Como condición, Fernández y Barassi deberán pagar, entre ambos, una suma total de $4 millones ($2 millones cada uno), que se abonará en seis cuotas iguales y consecutivas de $333.333, con vencimiento del 1° al 10 de cada mes a partir de septiembre de 2025.
Además, tendrán que cumplir 24 horas de trabajo comunitario en el plazo de tres meses, en el municipio correspondiente a sus domicilios o donde lo disponga la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). Y por último, realizarán un curso por única vez en la División Bomberos de la Policía de San Juan, debiendo acreditar la certificación ante la misma oficina.
Así, los jóvenes evitaron enfrentar un juicio oral y una posible condena penal, pero el costo económico y las obligaciones impuestas reflejan la gravedad de una “broma” que movilizó a toda la comunidad educativa y recursos de seguridad.
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