El Gobierno evalúa la posible judicialización de la emergencia en discapacidad
El Senado revirtió el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que lleva a la Casa Rosada a considerar sus próximos pasos en un contexto económico y electoral convulso.
En un contexto marcado por la incertidumbre electoral en la provincia de Buenos Aires y graves acusaciones de corrupción, el Gobierno ha decidido postergar cualquier pronunciamiento relacionado con el reciente revés político en el Senado, donde se revirtió el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad.
Con el presidente Javier Milei actualmente fuera del país, sus principales asesores se encuentran analizando las posibles respuestas ante el embate opositor, sin descartar la opción de adoptar una postura cautelosa.
Desde el oficialismo, se ha optado por mantener un perfil bajo, limitándose a realizar comentarios en off the record mientras se evalúan diferentes escenarios con prudencia. Fuentes cercanas al presidente han indicado que se evitarán definiciones hasta el regreso de Milei, quien se encuentra en Estados Unidos desde ayer, participando en reuniones con empresarios de diversos sectores.
El retorno del presidente está previsto para la madrugada del sábado, coincidiendo con la veda electoral, lo que sugiere que cualquier decisión será comunicada, como mínimo, la próxima semana.
El Gobierno ha decidido priorizar la espera del resultado de las elecciones bonaerenses programadas para el próximo domingo.
El Ejecutivo tiene un plazo de diez días para promulgar la ley de Emergencia en Discapacidad, conforme a lo estipulado por la ley. No obstante, desde Balcarce 50 se ha advertido que Milei podría extender la decisión hasta el último momento.
El presidente ha manifestado, tanto de manera personal como a través de funcionarios de confianza, su intención de judicializar cualquier medida que comprometa el equilibrio fiscal. Sin embargo, según informaciones recientes, la posibilidad de recurrir a la judicialización está siendo reconsiderada, al igual que la opción de apelar a la Corte, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a la situación.
En conclusión, la situación actual exige un análisis detallado y sereno de las implicancias políticas y económicas que rodean la Ley de Emergencia en Discapacidad, así como de las decisiones que el Gobierno tomará en los próximos días, en un contexto electoral que podría influir significativamente en su estrategia.
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