El oficialismo logró aprobar en Diputados el proyecto que autoriza un plan de pago a holdouts
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con 139 votos positivos y 97 negativos una autorización para ejecutar un plan de pago a dos “fondos buitres” que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001 y con los que el gobierno de Javier Milei había alcanzado un acuerdo de conciliación económica.
La iniciativa, que ya tenía media sanción del Senado con 40 votos positivos contra 22 negativos, debía ser aprobada antes del 30 de junio, plazo límite fijado en el entendimiento. Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonar USD 67 millones a la firma “Bainbridge Ltd.” y USD 104 millones al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de USD 171 millones.
Ambos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001. La ratificación parlamentaria del acuerdo permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
El oficialismo finalmente logró una amplia mayoría de 139 votos positivos. Contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, gran parte de Provincias Unidas (Santa Fe y Córdoba), Innovación Federal (Salta y Misiones), La Neuquinidad, Producción y Trabajo (San Juan), Por Santa Cruz e Independencia (Tucumán). En contra se pronunciaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota, Elijo Catamarca.
Al inicio del debate, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch afirmó que Argentina tiene la oportunidad “de cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años”. Además explicó que la urgencia de aprobar el acuerdo tiene tres motivos: “Primero, se negoció una condición de quita de un 30% de este remanente; segundo, se nos exime de pagar honorarios legales; y tercero, los acreedores se comprometen a no hacer nuevas acciones legales”.
“Estos dos fondos que nos traen a este momento tienen una sentencia dictada por la Justicia de Estados Unidos. Este gobierno ahora logra una quita sobre esa sentencia con una condición de entrega por pago. Nos van a devolver acciones de clase A, B y D de YPF. Estas acciones que tienen estos buitres van a permitir que YPF termine estando libre de cualquier otro conflicto”, explicó la oficialista Silvana Giudici.
Por su parte, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto rechazó el acuerdo pero hizo hincapié en que la ley impulsada por el oficialismo “carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley de Administración Financiera y también el decreto del propio presidente de la Nación que dice que no puede haber ninguna ley sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto nacional”.
En ese sentido, señaló que esa fue la misma razón que motivó el veto de la Ley de Financiamiento Universitario “con el agravante de que en aquel caso existía una fuente mencionada que era el incremento de ingresos corrientes del Presupuesto, aunque el Ejecutivo la consideró insuficiente”.