La ONG Católicas por el Derechos a Decidir (CDD) denunció por prevaricato a la jueza de feria Marta Aucar de Trotti, la magistrada chaqueña que concedió una cautelar que suspende en esa provincia la aplicación de la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Turno de la ciudad de Resistencia por la comisión de prevaricato, un delito que se configura cuando las resoluciones judiciales que dictan los jueces “no son fundadas en derecho o parten de hechos falsos”, señaló un comunicado de la ONG.

“La presentación fue realizada en el marco de una estrategia jurídica amplia que construimos entre aliadxs”, dijeron las integrantes de CDD.

La jueza Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 19 de la primera circunscripción de la provincia del Chaco, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley Nº 27.610 (de Interrupción Voluntaria del Embarazo) en todo el territorio de esa provincia tras una medida cautelar presentada por activistas contrarios al derecho al aborto.

“Advertimos que la jueza Aucar no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de la petición de los demandantes sino que acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos“, señaló la ONG.

“Se atribuye conocimiento en materia federal y desconoce la normativa nacional e internacional“, agregó el comunicado, en el que también se caracteriza a la magistrada como “una reconocida militante antiderechos”.

Las integrantes de CDD dijeron además que el esposo de la jueza, Ernesto Trotti, “formaba parte de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de la capital chaqueña“.

Según la denuncia, “la situación que plantea la jueza Aucar es de gravedad institucional para la provincia de Chaco; dado que es el Poder Legislativo quien dicta normas erga omnes -es decir, para todos- por lo cual, el planteo llegaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado, sino que incluso podrían no compartirla”.

La abogada Mónica Menini, miembro de CDD, dijo que el fallo de la jueza es “de una gravedad institucional importante” y que evalúan pedir un “jury de enjuiciamiento” a esa magistrada.

Al explicar la denuncia penal que esa ONG católica presentó contra la jueza, Menini dijo que forma parte de “una estrategia jurídica amplia, es por el delito de prevaricato; hay una gravedad institucional importante” dado que es “una jueza del fuero civil, en feria, que ha tomado la decisión de suspender una ley de Congreso de la Nación, de orden público“.

Fuente: Telam