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Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), envió un oficio a las 24 jurisdicciones del país, 23 provincias y un distrito federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que “de manera inmediata” pongan a su disposición “la nómina conteniendo los datos de la totalidad de empleados en relación de dependencia, temporarios, contratados y/o con cualquier vínculo laboral, bajo cualquier tipo de modalidad para que se proceda a su entrecruzamiento con el padrón de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo”.
De esta manera, el fiscal federal se embarcó en una nueva Investigación Preliminar en la que trabaja sobre la base de que empleados de esos distritos perciben de forma irregular el Potenciar Trabajo, un beneficio que solo debe ser percibido por las personas que se encuentran “en alto riesgo o estado de vulnerabilidad”. El mismo funcionario judicial aclaró: “Se considera que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social y económica aquellos trabajadores de la economía popular que carecen de los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de sus familias y se encuentran en un estado de dificultad personal o social para su inserción en el mercado laboral y su integración social”.
Marijuan ya le había solicitado a la ministra Victoria Tolosa Paz que dé de baja a 159.919 titulares del Potenciar Trabajo que desde el año 2020 “reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios mientras percibían el plan social”. Esto es que viajaron fuera del país mostrando una capacidad de ahorro que no se compadece con personas vulnerables. En el dictamen, el fiscal detalló: “817 viajaron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 no se especificó”. De los movimientos en avión, precisó Marijuan, “20.832 fueron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales”.
Para el fiscal, por parte del Estado, y sobre todo, de la cartera social, existe un “absoluto descontrol” sobre los planes. Solo esos 159.919 beneficiarios que reciben el Potenciar Trabajo de manera irregular, según la investigación judicial, significa una erogación mensual por parte del Estado de más de 10 mil millones de pesos. Esto es unos 27 millones de dólares cada treinta días.
“Le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios”, escribió Marijuan.
Para el funcionario judicial, que el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico, destine todos los meses el valor del 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil a quienes tienen un trabajo, en este caso gobernaciones o la alcaldía porteña, es una incompatibilidad.
Marijuan entiende que, por datos que ya tiene en su poder, también hay incompatibilidades en empleados de gobernaciones y municipios. Así se lo hizo saber en el escrito que les envió ayer. Ese texto es idéntico para todos. “Tengo el honor de dirigirme a la Sra. Gobernadora -en este caso de Río Negro- en mi carácter de Fiscal Federal a cargo (conf. Res. MP 52/21) de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), en el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón Nro. 234758/2023, en la que se investiga la posible incompatibilidad relativa a personas empleadas bajo cualquier modalidad laboral por esa gobernación que figuren en la base de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo”.
En el oficio, Marijuan les pide a los mandatarios: “De manera inmediata, ponga a disposición de la titular del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), Licenciada Florencia Espinosa, la nómina conteniendo los datos de la totalidad de empleados en relación de dependencia, temporarios, contratados y/o con cualquier vínculo laboral, bajo cualquier tipo de modalidad, con ese gobierno provincial para que se proceda a su entrecruzamiento con el padrón de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo que ya se encuentra en poder de ese organismo nacional”.
A los gobernadores también les preguntó “si las intendencias existentes en ese territorio provincial tienen algún tipo de modalidad contractual o laboral con personas que no dependan del gobierno provincial”. Con esos requerimientos, Marijuan intentará responder al menos dos de las preguntas que se hace desde hace tiempo: ¿Cuántos empleados de las gobernaciones e intendencias cobran todos los meses el Potenciar Trabajo de forma irregular? ¿Qué porcentaje de la política se financia con dinero que debería ser destinado a los más vulnerables y termina en otras manos?
Con la iniciativa, el fiscal comenzó a tirar de la punta del ovillo.
FUENTE: Infobae
