El Gobierno promulga la Ley Bases y el paquete fiscal

En un paso significativo hacia la consolidación de su agenda legislativa, el Gobierno promulgó este lunes la Ley de Bases y el paquete fiscal, medidas que fueron sancionadas inicialmente el 13 de junio y que marcan un hito en la gestión del presidente Javier Milei tras seis meses en el poder.

Estas iniciativas, que sufrieron transformaciones sustanciales durante su tránsito por ambas cámaras del Congreso, establecen fundamentos clave para la política económica y fiscal del país en los próximos años. Uno de los cambios más notables fue la exclusión de varias empresas estratégicas de la lista inicial de privatizaciones propuestas, entre las que se destacan Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos.

 Sin embargo, el paquete fiscal incluye medidas trascendentales como la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, lo cual impactará en la tributación de los trabajadores en relación de dependencia. Asimismo, se ha aprobado una reforma significativa en el impuesto a Bienes Personales, buscando ajustar la carga impositiva sobre el patrimonio de los contribuyentes.

 El Pacto de Mayo, cuya firma está prevista para mañana, añadirá un nuevo capítulo a esta etapa de reformas y negociaciones políticas cruciales para el futuro del país. Con este marco legislativo, el Gobierno espera avanzar en la estabilización económica y en la atracción de inversiones necesarias para reactivar sectores clave de la economía nacional.

Ley Bases: cuáles son los principales puntos

Se declara las emergencias en materia económica, en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.

Se otorgan facultades para realizar una reforma del Estado para mejorar el funcionamiento del estado y se le otorgan atribuciones para reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal "a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas".

El Poder Ejecutivo podrá disponer la disolución o función de organismos públicos.

La atribución de disolver organismos públicos no se podrá aplicar al CONICET, la ANMAT, el INCAA, el ENACOM, el INCUCAI, la UIF, el INTI, el INTA, el SENASA, el SMN, el Banco Nacional de Datos Genéticos y todos aquellos vinculados a la cultura.

Los empleados públicos que trabajen en organismos que se disuelvan tendrán un año para poder reubicarse en otros entes del Estado y si no tienen otro puesto en el Estado serán declarados prescindibles.

Se autoriza la privatización total de las empresas Enarsa, e Intercargo, y en forma parcial de Aysa, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.
Se podrá aportar capital privado Nucleoeléctrica y el complejode Yacimiento Carboníferos Fiscales.

La reforma laboral permitirá el despido con causa justa por bloqueos de empresas y tomas de empresa.

La eliminación multas por trabajo no registrado se autoriza a cambio de regularizar la situación de ese empleado y al trabajador se le podrán reconocer hasta cinco años de aportes.

Se permite establecer acuerdos para reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral como tiene la Unión Obrera de la Construcción.

Las pymes podrán incorporar una nueva figura llamada colaborar para que puedan contratar a tres trabajadores, sin establecer un vínculo de relación de dependencia.

Se amplía el período de prueba de tres a seis meses y de hasta ocho meses en las empresas desde 6 hasta 100 empleados.

Se crea un régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) para atraer inversiones extranjeras enfocadas en grandes emprendimientos petroleros mineros, donde existan inversiones con un piso de 200 millones de dólares hasta 900 millones de dólares y a cambios los inversionistas tendrán beneficios en el IVA y Ganancias.

El RIGI se destinará para las grandes inversiones en los sectores de petróleo, gas, energía, minería, tecnología, siderurgia, forestoindustria y turismo, El sistema de promoción de inversiones durará por dos años y obligará a los a inversionistas a contratar un 20 por ciento de proveedores locales.