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Una red delictiva dedicada al acopio y comercialización ilegal de metales sustraídos a empresas proveedoras de servicios esenciales fue desbaratada tras 14 allanamientos en el Conurbano bonaerense, los cuales concluyeron con ocho detenidos y casi un millón de dólares en material secuestrado.
Este viernes personal de la Policía bonaerense desplegó un amplio operativo con 14 allanamientos en simultáneo en La Matanza, Merlo, San Fernando, Vicente López y Tigre por la investigación federal sobre una red delictiva dedicada al acopio y comercialización ilegal de metales robados.
El parte policial enviado a la Agencia Noticias Argentinas destaca que la causa inició el 1 de abril de este año bajo la carátula “averiguación de delito – FSM 60/2025”, la cual se encuentra a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, bajo la dirección del juez Jorge Rodríguez.
Las tareas investigativas fueron llevadas adelante por personal de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, que coordinó los operativos.
Como resultado de todas las pesquisas, ocho personas quedaron detenidas y se secuestraron 95.000 kilos de cables robados a la empresa Edenor, más 4.070 kilos de cobre, entre cables y filamentos.
A su vez, incautaron 1.512 lingotes metálicos de unos 15 kilogramos cada uno, 2.342 kilogramos de aluminio compactado y 621 kilogramos de monedas de curso legal.
Por fuera de los metales, secuestraron casi $10 millones en efectivo, ocho celulares, 15 cuadernos con anotaciones comerciales y varias máquinas utilizadas para el procesamiento de los materiales, entre ellas compactadora, peladoras y prensadoras.
Las autoridades informaron que se estima que el valor de lo secuestrado ronda los 900.000 dólares.
“Detrás del delito se da una cadena compleja investigada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los materiales robados, principalmente cables de cobre y aluminio, eran procesados en pequeños centros de acopio para ser luego vendidos a fundidoras más grandes, que los compactaban y los exportaban a países limítrofes”, explicaron.
Desde hace tiempo denuncian que la sobrevaloración del cobre y el bronce en el mercado internacional, sumado a la demanda creciente y la falta de trazabilidad del origen, “favoreció el auge de esta actividad delictiva que ha afectado gravemente la infraestructura eléctrica y de comunicaciones en la región, generando consecuencias graves para usuarios y operadoras, incluyendo cortes prolongados, riesgos eléctricos y elevados costos de reparación”.
