Cristina Kirchner pidió cumplir su condena en prisión domiciliaria y sin usar una tobillera electrónica

La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir su condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario, en el departamento que comparte con su hija Florencia, con la custodia habitual y sin el uso de tobillera electrónica. Mientras tanto, la fiscalía insiste en que se ordene su detención inmediata.

El pedido fue presentado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, a través de un escrito de 13 carillas que ingresaron poco después del fallo de la Corte Suprema. En el documento, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que se evite su paso por una alcaidía y se disponga directamente su arresto en el domicilio de San José 1111, donde actualmente reside, según informaron fuentes judiciales.

El juez Jorge Gorini, integrante de dicho tribunal, otorgó un plazo de cinco días hábiles a todos los condenados para que se presenten en persona en Comodoro Py y queden detenidos. Además, pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que identifique lugares adecuados para alojarlos hasta que se resuelvan los distintos planteos judiciales.

Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron la "inmediata detención" de la ex mandataria, considerando excesivo el plazo otorgado, especialmente por la proximidad del fin de semana y un feriado nacional.

En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner argumentó a favor del arresto domiciliario señalando su edad —72 años—, los riesgos para su seguridad tras el atentado que sufrió en septiembre de 2022, y su condición de ex presidenta.

Según sostienen sus abogados, "el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede realizarse bajo la modalidad de detención domiciliaria", y agregaron que alojarla en una cárcel común sería incompatible con las garantías de seguridad que merece alguien en su situación.

Advirtieron, además, que enviarla a una unidad penitenciaria implicaría, por razones de seguridad, un régimen de aislamiento y vigilancia permanente, lo que contradice los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en materia de ejecución penal.

Por estos motivos, pidieron que se le conceda el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando innecesario el dispositivo dado que cuenta con custodia permanente, aunque su uso está previsto por la Ley de Ejecución Penal.