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El Gobierno argentino presentó una apelación contra la orden de la jueza Loretta Preska, que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a los fondos beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012. La decisión se formalizó el 9 de julio mediante un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York.

La apelación se presentó sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de “stay”, una solicitud realizada días atrás por el equipo legal de Argentina para suspender la ejecución del fallo mientras avanza la revisión del caso. El documento, registrado en los expedientes iniciados por Burford Capital y Eton Park, fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a la Argentina.

 “El paso era esperado en tres semanas, dos semanas, una semana, no ahora”, explicó a Infobae el analista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors especializado en el caso.
 
“La teoría te dicta que Argentina debería haber esperado que la jueza diga si acepta o no el pedido de suspensión del fallo... directamente no esperó y apeló. No es ilegal, está en todo su derecho, pero tal vez hubiese esperado a ver qué decía la jueza como para tomar otra decisión”, agregó.

La causa
La demanda “madre” de este caso tiene que ver con la expropiación de YPF, que realizó el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023 y luego de ocho años de juicio, Preska declaró al Estado culpable de mala praxis expropiatoria y lo condenó a pagar USD 16.000 millones, principalmente a Burford Capital, es estudio que compró los derechos a litigar del caso a empresas que aseguran haber sido perjudicadas por la decisión.
FUENTE: Infobae