Diputados rechazó el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad

La sesión especial convocada en la Cámara de Diputados marcó un punto de inflexión en la relación entre el oficialismo y la oposición. Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, el Congreso resolvió dejar sin efecto el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un resultado que evidenció fracturas dentro del esquema de apoyos al gobierno nacional.

La normativa, que había sido aprobada previamente con un amplio acuerdo multipartidario, garantiza la actualización de aranceles según la inflación y establece una pensión no contributiva equivalente al 70 por ciento de la jubilación mínima. El argumento de la Casa Rosada para objetarla fue el impacto en las cuentas públicas.

Pese a ello, el anuncio realizado horas antes por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien adelantó la intención del Ejecutivo de impulsar un aumento en las prestaciones, no logró torcer la voluntad de la mayoría. "El compromiso es reforzar la atención médica, terapéutica y de apoyo para las personas con discapacidad", sostuvo el funcionario en redes sociales, en un mensaje que buscó contener a los aliados, sin éxito.

El clima en el recinto se tensó desde el inicio. Martín Menem, presidente de la Cámara baja, recordó que para habilitar el debate era necesaria una mayoría de dos tercios, cifra que la oposición alcanzó con holgura. La votación dejó en evidencia el quiebre con espacios que habían respaldado al oficialismo en otras discusiones, como algunos sectores del PRO y del MID.

Los gobernadores nucleados en Innovación Federal también jugaron un rol determinante al aportar votos clave, en una señal de malestar por la política de distribución de fondos nacionales.

Los cruces verbales no faltaron. Desde el bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano cuestionó el veto al señalar que el costo real de la medida representaba apenas "el 0,03 por ciento del PBI" y no el 6 por ciento que argumentaba el Ejecutivo. En respuesta, el libertario Santiago Santurio defendió la decisión presidencial con fuertes críticas a la oposición, a la que acusó de "querer prender fuego al país".

El traspié parlamentario deja al oficialismo en un escenario complejo, ya que quedó claro que parte de sus antiguos aliados no están dispuestos a sostener una disciplina de bloque frente a temas sensibles como la política social y la relación con las provincias.