El trabajo en negro alcanza su nivel más alto en 17 años

La informalidad laboral en Argentina volvió a escalar y alcanzó un nuevo pico: el 43,2% de los trabajadores ocupados no cuentan con cobertura de la Seguridad Social, ni están registrados ante el sistema laboral o impositivo. Se trata del nivel más alto en los últimos 17 años, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC).

La cifra representa un incremento de 1,6 puntos porcentuales en comparación interanual, lo que implica que casi 4 de cada 10 trabajadores en actividad se desempeñan en condiciones de plena informalidad.

¿Quiénes son los más afectados por el empleo en negro?
El análisis del IIEP, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, revela que el fenómeno golpea con mayor fuerza a los jóvenes y a los trabajadores por cuenta propia:

 Jóvenes de 16 a 24 años: tienen una tasa de informalidad del 63%, es decir, 6 de cada 10 trabajan sin registrar.
Trabajadores por cuenta propia: muestran una informalidad del 62,5%.
Patrones (pequeños empleadores): registran una tasa del 22,2%.
Asalariados: el grupo más numeroso del mercado (72% del total del empleo), presenta una informalidad del 37,7%.

También se observa un patrón etario: los extremos de la vida laboral son los más vulnerables. Los adultos mayores (65+) registran una informalidad del 51%, mientras que los ocupados entre 45 y 64 años (o hasta 60 en el caso de las mujeres) tienen el índice más bajo: 34,5%.

La informalidad no solo es precariedad: también significa menos ingresos
El informe advierte que, además de no estar protegidos por la legislación laboral, los trabajadores informales sufren una “penalidad salarial” significativa. En promedio, ganan un 44% menos que un trabajador formal con las mismas condiciones:

“Si un trabajador registrado gana $100.000, uno informal en igual puesto y con similares características personales y laborales cobra, en promedio, $56.000“, detalla el estudio.

 Este recorte de ingresos tiene consecuencias directas en el poder adquisitivo de millones de personas, especialmente en un contexto inflacionario y de creciente desigualdad.