El Gobierno presentó un proyecto de Ley de Libertad Educativa para reemplazar la Ley Nacional de Educación

El proyecto de Ley de Libertad Educativa, que busca reemplazar la normativa vigente desde 2006, habilita la educación en el hogar, otorga mayor autonomía a las escuelas para crear sus planes de estudio y elimina el piso del 6% del PBI para financiamiento.

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El Poder Ejecutivo ha presentado al Consejo de Mayo un borrador de la Ley de Libertad Educativa, que propone derogar la actual Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006. Esta iniciativa, en fase de discusión, busca una reestructuración completa del sistema educativo en los niveles inicial, primario y secundario, con un enfoque en la autonomía y la libertad de elección.

El proyecto destaca la importancia de la familia en la educación de los hijos, relegando al Estado a un rol subsidiario. Incluye diversas modalidades de enseñanza, entre las que destaca la educación en el hogar, o "home schooling", permitiendo que los estudiantes puedan acreditar sus aprendizajes mediante exámenes periódicos, sin requerir una edad mínima para esta opción.

Uno de los aspectos más relevantes es la ampliación de la autonomía de las instituciones educativas. Las escuelas podrán diseñar sus propios planes de estudio, siempre que cumplan con unos contenidos mínimos que no representen más del 75% del tiempo curricular. Además, se permitirá a las provincias ofrecer enseñanza religiosa en instituciones públicas de gestión estatal, de manera optativa y fuera del horario escolar.

En cuanto al financiamiento, el proyecto suprime la meta de inversión del 6% del Producto Bruto Interno, establecida en la legislación actual. Se autoriza el uso de recursos públicos para instituciones tanto estatales como privadas y se introduce la opción de destinar fondos directamente a las familias a través de becas, vales educativos y otros mecanismos.

El borrador mantiene las evaluaciones nacionales estandarizadas, pero las aumentará a una frecuencia anual y censal para el último año de primaria y secundaria. También permite la difusión de los resultados desagregados por escuela, lo cual está prohibido por la ley 26.206.

En lo relacionado con la carrera docente, la estabilidad laboral dependerá del desempeño satisfactorio y se establecerán evaluaciones cada cuatro años. Asimismo, se otorgará a los directivos más autoridad para seleccionar y proponer la contratación de personal.

Con 136 artículos, esta propuesta representa el esfuerzo más completo por reformar la educación en la última década y se anticipa que genere un intenso debate en el ámbito legislativo y en la sociedad civil.

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