Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas de San Juan

Una investigación que se inició a raíz del robo en un supermercado destapó la olla de una megaestafa y la desaparición de mercadería destinada a los merenderos de las escuelas de San Juan. El caso derivó en las detenciones del dueño de una empresa de transporte que repartía esos productos, uno de sus choferes y una mujer que acopiaba y aparentemente vendía los budines, la leche y otros productos comestibles. De todos ellos, solo uno aceptó su responsabilidad y fue condenado; los otros seguirán siendo investigados por el fraude millonario.
 
El caso fue manejado casi en secreto y tomó estado público este viernes en la audiencia en la que Víctor Ceferino Sosa, Juan Arnaldo Sisterna y Débora Romina Castro debieron sentarse ante el juez de garantías Alberto Caballero. Los tres fueron aprehendidos el martes último por policías de Robos y Hurtos, bajo directivas de la fiscal Claudia Salica y el ayudante fiscal Ignacio Dominguez, en una causa por estafas reiteradas agravadas en perjuicio de la Administración Pública.

Según explicó la fiscalía, la causa comenzó en junio cuando los policías de la UFI investigaban el robo a un supermercado del Lote Hogar 38 y advirtieron movimientos sospechosos de vehículos que ingresaban y salían con mercadería del domicilio de Débora Castro. Aquello llamó la atención y empezaron a hacer vigilancia. Con el correr de los días surgieron datos que daban cuenta de que allí podrían estar almacenando parte de la mercadería destinada a las escuelas públicas.

Con esa sospecha como punto de partida, los investigadores descubrieron una maniobra fraudulenta que, según creen, llevaba meses funcionando sin ser detectada. La trama estaba en los repartos, después de que salía de la distribuidora La Nobleza, la firma encargada de proveer las cajas de desayuno y merienda para las escuelas públicas.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, La Nobleza había contratado a la empresa transportista de Víctor Ceferino Sosa para realizar la distribución diaria de esos productos. El encargado de repartir esa mercadería era su chofer, Juan Arnaldo Sisterna, quien a bordo de un camión Mercedes Benz recorría los distintos establecimientos.

La fiscalía sostiene que, en medio de esos viajes, desviaban parte de la carga y la descargaban en la casa de Débora Romina Castro en el Loteo 38 de Chimbas. Los desvíos no eran hechos aislados, se repetían casi a diario y conformaban un circuito constante con autos particulares que llegaban de noche para retirar los productos a cambio de dinero.

Las cámaras del CISEM y de viviendas cercanas registraron cada movimiento. En esas imágenes se observa el camión cargado en el depósito, la detención en la casa de Castro y las descargas que se concretaban en pocos minutos. Más tarde aparecen distintos vehículos particulares que se acercaban al domicilio, cargaban cajas o paquetes sueltos y se marchaban sin llamar la atención del barrio. Ese registro visual fue determinante para que la fiscalía solicitara los allanamientos en viviendas vinculadas a los sospechosos.

Los procedimientos se realizaron en cinco domicilios y depósitos asociados a los imputados y en todos hallaron productos que debían estar en las escuelas sanjuaninas. Los investigadores secuestraron 300 cajas que contenían budines, galletas, alfajores, avena, leche, mate cocido y bastoncitos, aseguraron altas fuentes judiciales. También encontraron 470 paquetes sueltos con galletas dulces variadas, pastafloras, yerba, cereales, azúcar, café y chocolatadas, además de cientos de bolsas vacías del plan alimentario escolar y documentación cuya procedencia será analizada.

Durante los allanamientos encontraron mercadería que se entregaba en la anterior gestión de Gobierno, esto lleva a sospechar que la estafa se cometían desde hace más de dos años.
La fiscalía no mencionó el total de la mercadería desaparecida ni el monto aproximado del perjuicio económico. A pesar de ello, la magnitud de lo secuestrado y la continuidad que mostraron los movimientos registrados permiten concluir que el daño para el Estado fue millonario. Tampoco se sabe quién más está detrás de todo esto. Salica aclaró ante el juez que, aparentemente, las maniobras delictivas eran perpetradas desde hace años por los transportistas, dado que encontraron mercadería que se repartía durante la gestión del anterior Gobierno Provincial.

En la audiencia de este viernes, Juan Arnaldo Sisterna aceptó un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional. Débora Romina Castro, asesorada por los abogados Nicolás Gómez Camozzi y Nicolás Pardo, se negó a admitir su responsabilidad porque tiene una condena anterior en suspenso. Cualquier nueva sentencia se convertiría en prisión efectiva y por esa razón quedó detenida con prisión domiciliaria mientras avanza la causa.

Víctor Ceferino Sosa decidió no declarar y, a través de su abogado José Beltrán, rechazó la imputación. Con este panorama, el juez Alberto Caballero homologó la condena para el chofer y ordenó la apertura de la investigación penal por un plazo de seis meses respecto del transportista y de la mujer que, según la fiscalía, almacenaba y ofrecía la mercadería destinada a los niños sanjuaninos.

Fuente: Tiempo de San Juan