La Cámara de Diputados dio media sanción esta noche, por 232 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, al proyecto que plantea la obligatoriedad para las entidades bancarias y no bancarias de acreditar en forma inmediata a comercios el monto de compras realizadas con tarjetas de débito y prepagas, así como el incentivo a la utilización del débito durante la pandemia.
 
La iniciativa busca que los comercios minoristas y mayoristas del segmento de las pymes cobren de manera inmediata las transacciones con tarjetas de débito que pagan los consumidores, ya que la banca y las compañías de créditos las cobran en el acto pero demoran en acreditarlas entre 48 y 72 horas.

Además, faculta al Banco Central a establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas. El texto también determina que esta medida de acreditación inmediata no deberá generar mayores costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones. Otro punto clave para su instrumentación en todo el país es que se estableció que esta ley será de orden público.

Al tomar la palabra como miembro informante, la diputada del Frente de Todos y titular de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, indicó que "esta medida representa una contribución importante para el sector, ya que se trata de un importante volumen de operaciones que se realizan con estos medios de pago".

También indicó que el proyecto aporta "un elemento para apoyar a este sector de nuestra economía que viene sufriendo las consecuencias de la crisis económica y, en el último año, el agravamiento de la crisis determinado por la pandemia del coronavirus" y que ayudará a "favorecer una mayor y mejor inclusión financiera, valiéndonos de las oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos en nuestros tiempos". 

Vallejos también detalló algunos cambios introducidos al dictamen firmado el jueves pasado. La nueva redacción, además de las tarjetas de débito incluirá a las tarjetas prepagas. Asimismo, se modificaron los alcances de proyecto que aplicará a comerciantes minoristas y mayoristas de cualquier rubro, "comprendidos en el artículo 2 de la Ley 24.467 y sus modificatorias, a excepción de aquellos que estén vinculados o controlados por otras empresas o grupos económicos que no se encuentren comprendidos en el artículo citado”.

A su turno, la legisladora radical y titular de la comisión de Comercio, Gabriela Lena, explicó que durante el aislamiento por coronavirus "aumentó un 32% el uso de las tarjetas de débito". "Creemos que con esta ley estamos dando una respuesta y una mayor calidad a los pequeños y medianos comercios", continuó. 

Por su parte el diputado del Frente de Todos, Carlos Ponce, autor de uno de los proyectos , sostuvo que "al comerciante le debitan entre 4 o 6 días después" de la venta. "El sistema financiero se queda con ese dinero lo cual es totalmente injusto mientras los comercios tienen que hacer frente a recambios de mercadería y pago de sueldos", explicó.

"Lo que proponemos en este proyecto es que así como se debita a los clientes de manera automática, también así se acredite", continuó.

En tanto, el legislador oficialista, Ariel Rauschemberger, autor de otro de los proyectos, destacó que el propósito de esta iniciativa es el de aliviar el bolsillo de las pymes y el costo financiero de las ventas. Dará un alivio a los comercios y contribuirá a la inclusión financiera y a blanquear operaciones".

Además, insistió en que el Congreso deberá seguir trabajando en el tema para lograr "reducir los plazos y comisiones de las tarjetas de crédito".

Por último, el diputado de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, reiteró que la banca tiene 5,6,7 días esos fondos rindiendo intereses cuando la plata no es suya y lanzó una advertencia para las entidades bancarias extranjeras: "No se les ocurra inventar vericuetos y dejar de colaborar. No corresponde que nadie haga nada en contra". "Desde el Congreso de la Nación, los vamos a estar mirando", cerró.

La iniciativa contó durante el debate en comisiones con el respaldo de cámaras y confederaciones que nuclean a pymes y comercios, al considerar que la ley aportará liquidez en un contexto de caída de ventas y para afrontar sus gastos fijos.