INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRA fines de 2026 comenzará a regir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los capítulos aprobados dentro de la reforma laboral, con un esquema que prevé el depósito de parte de las cargas patronales. El mecanismo será obligatorio y funcionará como un fondo por cada empleador para cubrir indemnizaciones. Según el diseño difundido, la operatoria se vinculará con el mercado de capitales.
El aporte mensual será de 1% para las grandes empresas y de 2,5% para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), sobre la masa salarial. El inicio formal está previsto para noviembre y, durante seis meses, el dinero quedará depositado en cada fondo de las compañías. Recién en mayo de 2027 podrá comenzar a utilizarse para el pago de indemnizaciones.
Administración de los fondos
El esquema abre una disputa entre bancos y sociedades de bolsa, que podrán administrar el Fondo Común de Inversión (FCI) o el Fideicomiso Financiero (FF), según lo que elija cada empleador. Ambas alternativas deberán estar constituidas en el país y contar con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según supo Agencia Noticias Argentinas, en el mercado anticipan que las grandes empresas y multinacionales se inclinarán por los FF, mientras que las PyMEs optarían por los FCI.
En ese escenario aparece TMF Group, empresa multinacional de origen holandés, que busca instalarse como fiduciaria y manejar los fondos de las compañías a partir de noviembre. La firma sostuvo que “constituir el FAL en un fideicomiso financiero le da a cada empresa un patrimonio propio, trazable y protegido”. El punto central del debate es quién administrará los aportes y bajo qué estructura operativa quedarán resguardados.
Inversiones y límites
La cartera del FAL podrá diversificarse entre títulos públicos nacionales, provinciales y de CABA, plazos fijos y obligaciones negociables. En el caso de los títulos públicos provinciales y de CABA, el tope será de hasta 15%; para plazos fijos, de 15%; y para obligaciones negociables, de 20%. Sin embargo, la compra de deuda del Estado no tiene un tope establecido, por lo que podría invertirse hasta el 100% del FAL en ese instrumento.
Algunos especialistas señalaron que, de ese modo, el Gobierno podría captar hasta US$ 4.000 millones por colocaciones en títulos públicos y contar con un caudal financiero más armado de cara al año electoral. Además, para comprar deuda de provincias y empresas se exigirá calificación AAA por dos de las tres agencias crediticias: S&P, Fitch y Moody’s. Alejandro Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, había dicho a Agencia Noticias Argentinas que el esquema “termina otorgando un tratamiento particularmente favorable a los títulos nacionales”, porque no tienen el límite porcentual específico que sí rige para provincias, bancos y empresas.
Consulta pública
La CNV abrió una consulta pública sobre la reglamentación del FAL para recibir aportes sobre el mecanismo de contribuciones destinado a afrontar las indemnizaciones. El plazo comenzó el 13 de agosto y se extenderá por 15 días hábiles, hasta el 2 de septiembre, mediante el formulario modelo de la resolución disponible en el portal institucional del organismo. Roberto Silva, presidente de la CNV, afirmó que la instancia busca “seguir recibiendo aportes” para “tener la mejor norma posible” y que estos instrumentos puedan convertirse en “un claro ejemplo del tipo de inversor de largo plazo que el mercado de capitales argentino necesita”.
