El presidente Alberto Fernández firmó esta tarde, en la Casa Rosada, el decreto que promulga la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ley del aborto, y la 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (Mis Primeros Mil Días) , impulsadas ambas por el propio Jefe de Estado para ampliar los derechos de las mujeres y garantizar su atención en el sistema de salud, y que fueron aprobadas por el Congreso el 30 de diciembre último.

“Hoy tenemos una mejor sociedad, más igualitaria. Hoy empezamos a escribir otra historia, que es la buscar más derechos”, enfatizó el mandatario, quien añadió que “si alguna vez una mujer tuvo el dilema de ser madre porque no sabía si podía hacer frente al costo médico que significa afrontar un embarazo o el costo que significa darle alimentos en sus primeros años de vida a su hijo, ese dilema lo terminamos con la ley de los mil días”.

 Fernández hizo estas afirmaciones al encabezar un acto en el Museo del Bicentenario, donde afirmó: "hoy es para muchas mujeres la culminación de un tiempo de lucha. Durante muchos años bregaron para que el aborto deje de ser un delito y obliga a muchas mujeres a la clandestinidad, a exponerse a todos los riesgos que eso conlleva”.

     Además, Fernández remarcó que "hoy todas las mujeres saben que, embarazadas, van a tener un Estado detrás de las que le va a dar salud y garantía de ingresos suficientes para que ella y su hijo o hija puedan desarrollarse como corresponde. Y también la posibilidad de que la mujer que no quiera seguir adelante con su embarazo pueda ponerle fin y el Estado esté allí para garantizar la salud que la clandestinidad hoy no le garantiza. Por lo tanto, lo que estamos ampliando es simplemente la capacidad de decidir, que no es poco".

   El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

   Por su parte, Gómez Alcorta destacó que “hoy estamos acá porque se conjugó una larga historia de luchas de los feminismos, de miles de mujeres, del movimiento de mujeres y de la diversidad y también la decisión política de un gobierno, de su Presidente y Vicepresidenta por seguir ampliando derechos”.

   La ministra, quien enumeró conquistas del feminismo y recordó a luchadoras históricas por el derecho al aborto, añadió que la flamante ley “nos asegurará que nunca más una mujer o una persona con capacidad de gestar muera en nuestro país producto de un aborto clandestino, pero también implicará una enorme transformación cultural, material y subjetiva, vinculada a la autonomía de los cuerpos y los deseos de las mujeres que tienen implicancias en nuestras vidas diarias”.

   En tanto, Ibarra hizo un reconocimiento “a las mujeres y varones que nos acompañaron de las fuerzas políticas opositoras. Hemos hecho una red de mucho trabajo, sobre todo las mujeres de un profundo compromiso de trabajo conjunto. Hemos tendido puentes, hemos hablado, hemos confiado en nosotras y hemos salido adelante para sancionar estas leyes. Todo mi agradecimiento”.

   Finalmente, Ibarra consideró que “esta ley no violenta las creencias de nadie todo, el mundo va a poder seguir viviendo y tomando decisiones según sus creencias y conforme a sus convicciones, pero algo habrá cambiado: ya no tendremos muertes en abortos clandestinos”.

   El texto de la ley de IVE establece que “en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional”.

   Más allá de dicho plazo, se podrá interrumpir si la gestación fuera producto de una violación, mediante el solo requerimiento y declaración jurada de la persona ante el profesional o personal de salud interviniente. También si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la embarazada.

   La normativa, que entrará en vigencia dentro de los ocho días corridos luego de su publicación en el Boletín Oficial, pone énfasis en el derecho de las mujeres a resolver la interrupción del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de 10 días desde que se lo solicite.

   En cuanto al Plan de los 1000 días, establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral consistente en el pago anual de una Asignación Universal por Hijo (AUH) con el objetivo de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas hasta los tres años de vida.