La Subsecretaría de Trabajo considera ilegal y "grave" el paro de colectivos, y evalúa sanciones severas para UTA
Franco Marchese de la Subsecretaría de Trabajo calificó como ilegal y "muy grave" el paro de colectivos anunciado por la UTA, y advirtió que se impondrán sanciones más severas al gremio.
La Subsecretaría de Trabajo ha declarado ilegal la medida de fuerza adoptada por los choferes de colectivos, quienes anunciaron un paro de 48 horas. La Subsecretaría indicó que iniciará acciones legales debido a esta decisión y señaló que las sanciones económicas para la Unión Tranviarios Automotor (UTA) serán más severas.
El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó que, a primera hora de la mañana, no había llegado a la Subsecretaría ningún expediente formal relacionado con la nueva medida de fuerza anunciada por UTA en las redes sociales el lunes por la noche. Sin embargo, adelantó que, en caso de recibir la notificación oficial, la Subsecretaría analizará nuevamente las acciones a seguir, dado que el conflicto se encuentra en un proceso de conciliación obligatoria de 15 días, un plazo que aún no ha vencido.
Marchese destacó que el gremio sigue sin respetar la conciliación obligatoria, una falta que calificó como "muy grave" y que se repite después de que, la semana pasada, UTA también no acatara la medida. "Ya uno piensa que se le ríen a uno", afirmó el subsecretario, visibilizando su preocupación por la reiteración de la medida.
En cuanto al impacto del paro, Marchese subrayó que el principal perjudicado es el usuario del transporte público. "Se entiende el reclamo de los trabajadores, de los choferes, por supuesto, pero el primer interés es de los usuarios y luego, por supuesto, los intereses de los trabajadores", explicó en Radio Sarmiento.
La Subsecretaría de Trabajo interviene en el conflicto debido a que está siendo afectado un servicio público esencial, el transporte. Marchese enfatizó que el Estado tiene la obligación de intervenir para resolver el conflicto, recordando que el servicio, aunque concesionado a privados, sigue siendo público y el Estado debe velar por su normal funcionamiento.
(ZONDA)
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