El Gobierno eliminó las retenciones mineras para impulsar inversiones

En un movimiento estratégico para potenciar el sector exportador, el Gobierno nacional ha oficializado una nueva medida que establece una alícuota del 0% en los derechos de exportación para una amplia variedad de productos mineros. Esta decisión, formalizada mediante un decreto presidencial, abarca tanto la minería metalífera como no metalífera, combustibles, rocas de aplicación y piedras preciosas o semipreciosas.

La eliminación de las retenciones comenzará a aplicarse a partir de este viernes y se inscribe dentro de un conjunto de políticas enfocadas en la simplificación administrativa, la desburocratización y la reducción de la carga impositiva, aspectos clave del actual plan económico.

De acuerdo con los fundamentos del decreto, la medida busca "asegurar el máximo posible de valor agregado en el país", al mismo tiempo que pretende fortalecer la capacidad exportadora sin comprometer significativamente la estabilidad fiscal.

El documento oficial destaca la importancia del sector minero, que constituye el quinto complejo exportador del país y representa, en promedio, el 80% de las exportaciones en provincias como San Juan, Jujuy, Santa Cruz y Catamarca. Además, menciona su potencial de crecimiento en el marco de la transición energética global, donde la demanda de minerales esenciales está en aumento.

A diferencia de otras economías mineras de la región, donde el sector puede alcanzar hasta el 10% del PBI, en Argentina solo representa el 1,2%. Por ello, el Gobierno considera que esta decisión creará condiciones más propicias para atraer inversiones, aumentar las exportaciones y promover el empleo en diversas regiones del país.

Asimismo, el mismo decreto también establece la derogación del "Registro Optativo de Exportaciones de Cobre", que fue creado en 2022 por el Decreto N° 308 con fines promocionales. Esta norma fue eliminada tras comprobarse que nunca fue implementada ni tuvo beneficiarios inscriptos, lo que llevó al Ejecutivo a concluir que su continuidad carecía de sentido práctico.

La medida no afecta derechos adquiridos ni expectativas legítimas, y forma parte de una revisión más amplia de estructuras estatales consideradas redundantes o de escasa utilidad, con el propósito de maximizar la eficiencia en la gestión pública.