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Matrimonio forzado, violencia y explotación: 10 años de condena por trata de una menor

Una denuncia anónima al 911 en Caucete desató una investigación que terminó con una condena. La víctima era una menor que fue obligada a casarse, a ser madre y sufrió todo tipo de violencias en cuatro provincias.

Una llamada anónima al sistema de emergencias 911 fue el punto de partida de una investigación que terminó con una condena de 10 años de prisión por trata de personas consumada y agravada, al tratarse de una víctima menor de edad. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, al cabo de un trabajo investigativo exhaustivo que abarcó cuatro provincias del país.

Todo comenzó en abril del año pasado, cuando una persona alertó al 911 sobre el posible secuestro de una joven en el departamento de Caucete. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales interceptó el vehículo señalado.

Dentro del auto viajaba la menor de edad junto a su hijo recién nacido y acompañada por varias personas.

 Lo que vivió la víctima
 Las primeras averiguaciones revelaron la magnitud de lo que había sufrido la joven. Había sido obligada a contraer matrimonio con el hijo de esa familia y, posteriormente, a asumir la maternidad. A eso se sumó una cadena de violencias sistemáticas: fue trasladada de manera constante entre las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe, sometida a agresiones físicas, explotación laboral, restricción al sistema de salud, privación alimentaria y violencia psicológica. Un cuadro de sometimiento integral que se extendió durante meses.
 

Una investigación en cuatro provincias

 El trabajo que permitió llegar a la condena fue complejo y requirió la articulación de múltiples organismos. Uno de los ejes centrales fue el entrecruzamiento de información que permitió reconstruir una línea temporal precisa, establecer los hechos y determinar el rol de cada uno de los involucrados en todas las etapas del sometimiento. Fue fundamental la coordinación con las Unidades de Investigación de Gendarmería de Neuquén, Córdoba y Santa Fe, que aportaron información clave para consolidar la hipótesis de explotación.
 El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, articuló además acciones con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y otros organismos institucionales, lo que aportó una mirada integral a la investigación. Toda esa solidez probatoria fue la que sostuvo la acusación y permitió obtener la condena de 10 años de prisión para los imputados.
(San Juan 8)

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