El contexto de salida: Orrego se hartó y echó al secretario de Seguridad, quien se fue envuelto en situaciones polémicas

De acuerdo a lo que trascendió de fuentes calificadas, el gobernador Marcelo Orrego no estaba conforme con la política de seguridad que estaba llevando adelante el ahora exsecretario de Estado del área, Gustavo Sánchez. Por eso, tomó la decisión de desplazarlo de su puesto. Pero, no fue lo único.

El ahora exfuncionario era conocido como abogado de policías que enfrentaron causas por hechos delictivos. ¿Trató de influir para, por ejemplo, atenuar castigos administrativos en su faceta de autoridad? La tarea defensiva de uniformados la continuó su hija, lo que le generaba una especie de conflicto de intereses cuando en la Secretaría de Seguridad debían resolver alguna sanción o no contra un efectivo, aunque se excusara. Encima, quien fuera su jefe de Asesores también fue echado por el gobernador debido a que sacó un dictamen jurídico, sin ser abogado ni formar parte del área legal, detallaron las fuentes.

Sánchez venía de una fuerte interna con el exjefe de Policía, Eduardo Lirola, quien fue desplazado en junio por Orrego. El secretario de Seguridad continuó en su puesto, pero venía sonando que estaban contados sus días en la función, tal cual se había adelantado.

 El recambio de dos piezas de peso se da en un área sensible como la de Seguridad, que termina siendo una brasa caliente porque los hechos delictivos no van a dejar de existir, menos en una crítica situación económica y social de la que San Juan no está exenta. Además, la seguridad es un reclamo permanente de los ciudadanos y ha sido uno de los ejes prioritarios en campaña de Orrego, al igual que la salud y la educación.

 En cuanto a las situaciones polémicas que se dieron en la Secretaría, el jefe de Asesores de Sánchez era Marcelo Uliarte. Se trata de un policía que fue procesado en 2009 como presunto autor de tentativa de extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Su abogado apeló y la Sala I de la Cámara Penal, por mayoría, rechazó el planteo al año siguiente, pero cambió la calificación al delito de “concusión”, el cual está dentro de las exacciones ilegales, pero tiene una escala menor. Su defensor acudió a la Corte, pero sufrió un nuevo revés en 2012 y la causa bajó al tribunal de origen para que continuara su tramitación. Fue en esa instancia en la que, finalmente, Uliarte fue sobreseído, ya bajo la representación legal de Sánchez, aseguraron las fuentes.

De esa manera, Uliarte quedó desvinculado de toda maniobra ilícita, al punto que ascendió en la fuerza de seguridad y se retiró como comisario Mayor. De la mano de Sánchez, ocupó el puesto de jefe de Asesores, pero fue desplazado por Orrego debido a que realizó un dictamen jurídico, pero ni siquiera es abogado ni integraba el área legal de la Secretaría. El dictamen fue para cambiar otra decisión administrativa, pero no trascendieron detalles de ambos documentos.

 ¿El secretario de Seguridad estaba al tanto? Se desconoce, pero fue una gota más que desbordó el vaso, teniendo en cuenta que Uliarte venía de su entorno. Fue un hecho grave, de ahí la decisión de Orrego de echarlo.

 Sánchez llegó a la Secretaría de Seguridad con la base de haber alcanzado y retirarse como comisario General de la Policía, el máximo cargo en la carrera de oficiales. No integró los cuerpos técnicos del orreguismo. Incluso, el que era una fija para el puesto era el abogado Sebastián Dávila. Hombre de confianza de Orrego, fue asesor legal en Santa Lucía y apoderado de Producción y Trabajo. Sin embargo, fue impulsado, primero, como fiscal de Estado Adjunto y, luego, se presentó al concurso para el más alto puesto de dicho organismo, en el que fue designado por la Cámara de Diputados.

En su rol de secretario de Seguridad, Sánchez era la última persona del área que recibía y daba su postura sobre la recomendación de sanción que venía de la Subsecretaría de Control de Gestión y del jefe de Policía ante irregularidades de policías. El encargado de Seguridad tiene la facultad de morigerar un castigo, antes de enviar el expediente a Casa de Gobierno, donde se toma la decisión final.

 Si bien tiene la potestad de hacerlo en su esfera de actuación, ¿pedía cierta consideración por algún policía en particular ya en la instancia del Ejecutivo? Es lo que circuló de distintas fuentes, aunque en el Gobierno resaltaron que las decisiones (de suspensión o cesantía) se tomaron estrictamente de acuerdo a las normativas.

 Encima, la hija de Sánchez continúa el trabajo de defensa de uniformados que tienen conflictos con la ley, que repercuten en el ámbito administrativo. Si bien la abogada tiene todo el derecho de representar legalmente a cualquier policía, para el ahora exfuncionario representaba un inconveniente debido a que la Secretaría de Seguridad, que él dirigía y por más que se apartara, tenía que definir sobre las sanciones.

El problema se daba por la ley de Ética Pública, la que, en líneas generales, no permite que un familiar directo (como los hijos) pueda tener trámites, como el de un proceso sancionatorio, que estén sometidos a la decisión de un funcionario. El tema va más allá de que la autoridad se excuse de intervenir, ya que toda la estructura está bajo su mando.

 En la pelea puertas adentro de la Secretaría de Seguridad, el exjefe de Policía había sacado un memorándum en el que le ordenaba a los subalternos que primero le consultasen a él sobre cualquier llamado y directiva que impartiese Sánchez. En el programa “A todo o nada”, de Radio Sarmiento, el titular de Seguridad reconoció las diferencias con Lirola, que en la redacción del memorándum hubo errores y que todo fue subsanado, pero que el que mandaba era él. La disputa terminó con la salida del jefe de Policía, quien fue reemplazado por Néstor Marcelo Álvarez.

Tras la partida de Sánchez, su lugar será ocupado por la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro, quien llegó al puesto de su mano, dado que tampoco integró los equipos técnicos del orreguismo, dijeron las fuentes. Incluso, de forma oficial, en el Gobierno indicaron que “en los próximos días se anunciará al nuevo titular de la Secretaría”.

 Dentro de la estructura del área de seguridad, hay tres subsecretarías: Chamorro está al frente de la de Seguridad, mientras que Damián Villavicencio conduce la de Control de Gestión y Gastón Petrignani la de Coordinación Administrativa.

Con información de 264Noticias