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Un nuevo decreto presidencial, en línea con las políticas del gobierno de Javier Milei, podría eliminar el reconocimiento de las identidades no binarias en los documentos argentinos, es decir, de aquellas personas que no se identifican con los géneros masculino o femenino.
Esta medida se suma a la prohibición del lenguaje inclusivo y al recorte de fondos en programas de salud reproductiva, situando a Argentina como un país cada vez más restrictivo en términos de derechos humanos.
El DNI no binario es un derecho consagrado por la Ley de Identidad de Género 26.743, sancionada en mayo de 2012 e implementada desde 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández.
Según los últimos datos disponibles, en la Argentina existen 8.293 personas que se autoperciben como no binarias, de las cuales unas 1.500 solicitaron el cambio de su documento.
