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¿Qué hacían dos ciudadanos rusos volando un dron sobre el Congreso argentino el último sábado del 2024? Esa es la pregunta que trata de responder, por ahora sin suerte, cada uno de los que se enteró del hecho revelado en exclusiva este domingo por Infobae. Lo que se sabe hasta ahora es que se abrió una causa en el juzgado federal de Sebastián Ramos y que todos los involucrados están libres. Que si bien al principio se asignó la carátula provisoria de “intimidación pública”, una vez que se tomaron los datos de los dueños del dispositivo, la secretaría N° 4 del juzgado dispuso aprobar todo lo actuado y no tomar ningún temperamento con respecto a los jóvenes oriundos de Moscú.
“Aprobar lo actuado. Identificar a los causantes y notificar que deberán concurrir, cuando así lo deseen, a partir del día de mañana, a sede judicial, con el fin de retirar el dron. No adoptar ningún otro temperamento contra los ciudadanos rusos. Cierre y elevación”. Con esas cuatro oraciones más preocupadas por la contundencia legal que por el rigor sintáctico terminó el domingo una historia que había comenzado la tarde anterior, cuando la custodia del Palacio Legislativo vio a dos jóvenes llevando un carrito de bebé y merodeando por la calle Hipólito Yrigoyen, entre Combate de los Pozos y Entre Ríos.
Se trataba de Vitaly Kharlabo, de 25 años, y de Igor Lomakin, de 32, quienes iban y volvían por esa arteria del centro porteño de manera extraña, mientras eran observados por la seguridad del Congreso. Tras acercarse a una de las puertas del edificio y ante la sorpresa del personal, contaron que se les había caído un pequeño dron con el que habían estado sobrevolando la zona y querían recuperarlo. Según pudo confirmar Infobae de fuentes con acceso a la causa y los documentos, el personal de seguridad les informó que iban a buscarlo y que, en caso de encontrarlo, lo podrían retirar a las 10 de la mañana del domingo. Después de ese diálogo, la División Seguridad y Custodia del Senado, dio la novedad y, al ser informado, la vicepresidente Victoria Villarruel pidió a la Policía Federal y al brigada anti explosivos la aplicación de un protocolo para buscar el artefacto.
La decisión de poner en marcha ese operativo especial entrada la noche del sábado se tomó en un contexto donde abundan las sospechas. Es que las relaciones del gobierno de Javier Milei con el de Vladimir Putin son entre inexistentes y malas, debido al posicionamiento inequívoco del presidente argentino del lado de Ucrania, frente a la criminal invasión que derivó en una guerra interminable en las puertas de Europa. Es una sintonía que quedó expuesta el viernes pasado, cuando Milei y su par ucraniano, Volodimir Zelensky, mantuvieron una conversación telefónica en la que cruzaron agradecimientos y elogios.
Y que, de manera inusual, se vienen sucediendo en la Argentina episodios con ciudadanos de nacionalidad rusa que generan una enorme suspicacia. El último fue el de la semana pasada, cuando dos diplomáticos se atrincheraron en sendos autos oficiales y se negaron a hacer test de alcoholemia, bajo el pretexto de que se estaba violando la Convención de Viena que establece la inmunidad para los funcionarios que pertenecen al servicio exterior. Pero el episodio más grave fue el que involucró a Artiom Dultsev y Anna Dultseva, dos espías que vivieron durante años en Buenos Aires bajo los nombres falsos de María Rosa Mayer Muños y Ludwig Gisch y que fueron parte del intercambio de prisioneros más importantes entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. A ambos los recibió con honores Putin y les dio la más alta condecoración.
El caso de los jóvenes que volaban el dron en el Congreso se emparenta con el de los diplomáticos y el de los espías por los datos sugestivos que aparecen alrededor de ellos. De acuerdo con las actuaciones a las que accedió Infobae, Igor Lomakin ingresó a la Argentina el 3 de octubre pasado proveniente de Brasil y obtuvo una residencia transitoria por su condición de turista, mientras que su “compañero”, Vitaly Kharlabo, ingresó al país el 10 de julio proveniente de Etiopía y tenía registrado en su pasaporte el mismo estatus migratorio. A ninguno de ellos se le conoce actividad comercial ni permiso de trabajo.
Ellos dos aparecieron el domingo por la mañana en el Congreso para buscar el dron junto a un acompañante que llamó la atención de sus interlocutores. Se trataba de Pavel Bandurin, un ruso de 35 años, que tenía DNI extranjero y que había ingresado en mayo pasado y en noviembre, solo seis meses después, había logrado que le dieran la radicación permanente. Se trata de un trámite que regularmente puede demorar hasta tres años. “Llama la atención tanta velocidad para que le den la residencia permanente. Estamos hablando del gobierno de Javier Milei”, acotó la fuente que estuvo al tanto de todas las actuaciones. Con domicilio en la calle Arenales al 1100, Bandurin tiene número de CUIT terminado en 346-6, y la firma en su DNI de Guillermo A. Francos, Jefe de Gabinete de Ministros.
“Los tres fueron identificados y la Justicia tiene todos sus datos. Este lunes o el jueves pueden ir a buscar el dron, porque el juzgado determinó que están autorizados a retirarlo cualquier día hábil”, explicaron las fuentes. Fue la única explicación que pudo obtener Infobae hasta la madrugada del lunes, mientras tanto en el Congreso, la Justicia y el Gobierno solo hay hermetismo. ”Sin comentarios”, fueron las únicas dos palabras que se escucharon.
Fuente: Infobae
