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El Gobierno nacional avanza con un proyecto que cambiaría la asistencia directa por un sistema de vouchers laborales, orientados a financiar capacitaciones para sectores vulnerables. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello, pretende convertir los planes sociales en instancias de formación en empresas y centros educativos.
Desde la cartera explicaron que el objetivo es reconvertir los programas Volver al Trabajo (VAT) y Acompañamiento Social (PAS) en políticas que fortalezcan habilidades laborales, con especial foco en oficios demandados en cada región del país. "Queremos que las personas se capaciten en oficios útiles para cada región", afirmaron fuentes oficiales.
El proyecto comenzará con una prueba piloto en el Centro de Formación de Capital Humano, que ofrecerá cursos certificados en oficios y formación docente bajo criterios técnicos y estándares de calidad. Empresas como Sinteplast y Arcos Dorados (McDonald’s) mostraron interés en participar, y durante el coloquio de IDEA en Mar del Plata, otros empresarios también manifestaron su disposición para brindar formación en sus plantas.
El Estado aportará infraestructura y manutención, mientras que las compañías se encargarán de contenidos y materiales. La reforma se inició en 2024 con la división del programa Potenciar Trabajo, que alcanzaba a más de 1,3 millones de personas, en dos subprogramas distintos.
El Gobierno sostiene que el nuevo modelo busca "dar herramientas concretas para la inserción laboral", aunque reconoce que inicialmente solo un 10% de los inscriptos lograría empleo formal a corto plazo.
En contraposición, organizaciones sociales agrupadas en la UTEP realizaron protestas frente al Ministerio para reclamar la actualización de haberes congelados en $78.000 y el pago de un bono de emergencia. "No se puede congelar ingresos mientras la inflación sube", advirtió Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.
A pesar de las críticas, la ministra Pettovello defendió la reconversión como una "política de autonomía" destinada a reducir la dependencia de intermediarios sociales. Según informó el portal El Argentino, la funcionaria planea extender el modelo a provincias y municipios antes de fin de año.
El principal desafío será definir la financiación de materiales y la acreditación de los cursos, dado que las empresas cubrirían sólo parte de los costos, un aspecto clave para el alcance federal y la efectividad del programa.
