En qué consiste la Ley de Abastecimiento a la que el Gobierno podría apelar
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, advirtió este viernes que de no haber acuerdo con los productores y comercializadores de alimentos en los próximos días, se avanzará con "políticas de precios máximos no consensuadas", y anticipó que luego de los alimentos se buscará extender la política de precios a otros sectores.
"Yo espero cerrar este acuerdo y ponerlo operativo el lunes, si no aplicaremos las leyes. Quiero evitar eso", afirmó Feletti esta mañana en diálogo con Radio AM 750.
"Dicen (las empresas productoras) que hoy van a hacer una contraoferta, nosotros la vamos a evaluar y el lunes nos sentaremos a cerrar el acuerdo", agregó el funcionario.
De no mediar acuerdo, Feletti anticipó que se aplicará la ley de Abastecimiento y la Secretaría tendrá que avanzar con "políticas de precios máximos no consensuadas".
¿Qué atribuciones otorga la Ley de Abastecimiento?
La ley de Abastecimiento, que fue sancionada en 1974 y modificada en 2014, faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario.
También le permite aplicar sanciones, suspender comercios o realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.
Los artículos 4 y 5 establecen las sanciones para quienes “acapararen materias primas o productos”.
La norma prevé multas económicas de hasta 10 millones de pesos; clausura del establecimiento por 90 días; inhabilitación para el acceso al mercado de créditos; inhabilitación especial de 5 años para ejercer el comercio y la función pública; suspensión de 5 años en los registros de proveedores del Estado; pérdida de concesiones y privilegios en regímenes impositivos; comiso de la mercadería.
A su vez, el artículo 12 faculta al Estado a ingresar e inspeccionar establecimientos, secuestrar libros contables, intervenir el transporte de los materiales, realizar clausuras preventivas, inmovilizar mercadería y citar a presuntos infractores a prestar declaración.
Aunque en los últimos años, durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, se "amenazó" en reiteradas oportunidades con aplicarla, aunque en rigor sucedió en contadas ocasiones y en casos muy puntuales.