En qué consiste la Ley de Abastecimiento a la que el Gobierno podría apelar
Roberto Feletti aseguró que apelarán a la Ley de Abastecimiento si no hay posibilidades de alcanzar un acuerdo de precios con el sector empresario.
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, advirtió este viernes que de no haber acuerdo con los productores y comercializadores de alimentos en los próximos días, se avanzará con "políticas de precios máximos no consensuadas", y anticipó que luego de los alimentos se buscará extender la política de precios a otros sectores.
"Yo espero cerrar este acuerdo y ponerlo operativo el lunes, si no aplicaremos las leyes. Quiero evitar eso", afirmó Feletti esta mañana en diálogo con Radio AM 750.
"Dicen (las empresas productoras) que hoy van a hacer una contraoferta, nosotros la vamos a evaluar y el lunes nos sentaremos a cerrar el acuerdo", agregó el funcionario.
De no mediar acuerdo, Feletti anticipó que se aplicará la ley de Abastecimiento y la Secretaría tendrá que avanzar con "políticas de precios máximos no consensuadas".
¿Qué atribuciones otorga la Ley de Abastecimiento?
La ley de Abastecimiento, que fue sancionada en 1974 y modificada en 2014, faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario.
También le permite aplicar sanciones, suspender comercios o realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.
Los artículos 4 y 5 establecen las sanciones para quienes “acapararen materias primas o productos”.
La norma prevé multas económicas de hasta 10 millones de pesos; clausura del establecimiento por 90 días; inhabilitación para el acceso al mercado de créditos; inhabilitación especial de 5 años para ejercer el comercio y la función pública; suspensión de 5 años en los registros de proveedores del Estado; pérdida de concesiones y privilegios en regímenes impositivos; comiso de la mercadería.
A su vez, el artículo 12 faculta al Estado a ingresar e inspeccionar establecimientos, secuestrar libros contables, intervenir el transporte de los materiales, realizar clausuras preventivas, inmovilizar mercadería y citar a presuntos infractores a prestar declaración.
Aunque en los últimos años, durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, se "amenazó" en reiteradas oportunidades con aplicarla, aunque en rigor sucedió en contadas ocasiones y en casos muy puntuales.
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