BASTA DE BURLARSE DE LA SOCIEDAD

 La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados, ​ para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada.

En los últimos días de la semana pasada sucedieron dos hechos, (entre tantos que pasan diariamente en la Argentina de hoy, que es casi la de siempre), como el que se publicó a últimas horas del día viernes que repercutió a nivel Nacional y que tiene que ver con el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y salvando distancias, las publicaciones en redes sociales del abuso de poder y violación de la ley por parte de un concejal vallista.

La vicepresidenta tiene conciencia de haber perdido. Por esa razón apuró la definición de varias de sus causas por corrupción. Primero, el sobreseimiento por la venta de dólar a futuro; luego, el Memorándum de Entendimiento con Irán. En las últimas horas, por fallo dividido del Tribunal Oral Federal 5, igual beneficio sobre los Sauces y Hotesur. Sospecha de lavado que afecta además a sus hijos. Ricardo Roa, responsable editor del Diario Clarín, escribió con indignación ciudadana que “Hay un juez con el que Cristina debiera sentirse agradecida de por vida. Se trata de Daniel Obligado, el mismo que se las rebuscó para colar entre los presos liberados en pandemia a Boudou, el primer vicepresidente condenado por corrupción. Hay que soltarlo porque la esposa la pasa mal y tiene que estar con ella. Eso dijo. Y eso dice qué clase de juez es.”  También escribió que “Hablar de Obligado es hablar de Diego Molea, que saltó del bando macrista al kirchnerista en la Magistratura y apadrinó a Obligado como juez. Y hablar de los dos es hablar de Aníbal Fernández. Para que quede claro de quiénes hablamos. Obligado se obligó a sí mismo a resolver en tres días un pedido de Cristina para ser sobreseída sin juicio en las causas de los famosos hoteles de ocupación fantasma en Santa Cruz. Cumplió.

En relación con lo que mostraron que hizo un Concejal Vallista, generó mucho repudio y sobre todo, se nota el desconocimiento que el propio edil tiene sobre la acción que ha perpetrado, cuando se expuso y sirvió en plato con honores a los otros ediles, su propia destitución y una condena social y posiblemente administrativa judicial a no ocupar ningún cargo público en el estado a futuro, puesto que las fotografías tomadas son elocuentes y es que está literalmente colgado, sin medidor de una red pública y propiedad del Estado. Cuando asumen a sus cargos hacen un Juramento de Ley y si no cumplen “que Dios y la Patria os lo demanden”. No es joda, la sociedad (Patria), lo está demandando. Cabe y corresponde destitución, sin vueltas. Basta de burlarse de la sociedad vallista.

Hay fotografías y denuncia pública realizada y viralizada en redes sociales y lo más decoroso que debería hacer este señor, sería renunciar al cargo de Concejal y al menos mostrar un poco de dignidad y vergüenza, por el acto corrupto e ilegal de estar literalmente colgado a la red de electricidad, sin medidor de obra y solamente con una llave térmica.

Lo interesante estará en ver y seguir las acciones de los otros concejales, puesto que ya al ser publica la situación, no pueden callarse. Esto no se soluciona con un simple pedido de explicaciones, deben activarse las herramientas legales que poseen constitucionalmente para este tipo de casos.

La Ley 430-P que está vigente en el Digesto Jurídico Provincial, y que tiene que ver precisamente, con que es la Ley Orgánica de Municipalidades, en el Título IV Responsabilidad de las Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales, Capítulo Único,  prevé en el artículo 103, que “Los funcionarios o empleados a quienes se imputare la comisión de irregularidades graves, serán preventivamente suspendidos y si el caso lo exigiere, la autoridad municipal denunciará el hecho ante la justicia a fin de que tome la respectiva intervención”. 

No parece haber muchas palabras para determinar lo contrario a una suspensión y destitución de este Concejal, pues, si se le permite que haya violado la ley, siendo representante constitucional y con responsabilidades éticas, políticas y legales y por ende aun así, no lo sancionan y destituyen, entonces que queda para los ciudadanos que no tienen responsabilidades similares. 

Sería una vergüenza para propios y extraños, con el agravante, que este Concejal es del color del sector político que gobierna y uno de los más cercanos al Intendente.

Está probado que las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. 

La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y la trata de personas, aunque por cierto no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre apoya o protege otros crímenes.

Las suerte de este muchacho está echada, su futuro está en manos de sus compañeros de bancada que se juegan bastante, (todos quieren ser intendentes en el futuro), ya que comprometen su sentido de democracia y respeto a las leyes y su dignidad como ciudadanos representantes, pero también compromete a los concejales de la oposición, ya que deberán demostrar para que los eligieron y trabajar fuertemente, para comprender que sin justicia no hay futuro posible.

En el caso de Cristina, seguramente una cámara de alzada revisará el fallo y en el caso del concejal, no hace falta tanto, renuncia, o lo deben expulsar del Concejo.