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La ex primera dama afirmó que esto ocurrió en 2016 cuando iniciaba su relación con quien fuera después presidente de la Nación. "Tenés que resolverlo", le habría dicho el expresidente.
Argentina12/08/2024En el escrito presentado por Fabiola Yáñez ante el fiscal Ramiro González, este lunes a través del consulado argentino en Madrid, se revelaron más detalles sobre las acusaciones de violencia contra el expresidente Alberto Fernández. Entre las nuevas afirmaciones que ahora la justicia deberá investigar, Yáñez mencionó haber sufrido un aborto.
Yáñez situó este episodio antes de 2019, año en que Cristina Kirchner eligió a Alberto Fernández como su candidato a presidente de la Nación, dando inicio a la campaña electoral que los llevaría al poder en Argentina.
En 2016, poco después de comenzar a convivir en Puerto Madero, Yáñez quedó embarazada. Su pareja le había propuesto compromiso poco tiempo antes, en mayo, y ella estaba ilusionada con un futuro juntos, ya que esos planes incluían el deseo de tener un hijo.
Sin embargo, al comunicarle la noticia del embarazo, Yáñez comenzó a experimentar lo que describió como "desprecio y rechazo" por parte de Alberto Fernández, quien también dirigía esas actitudes hacia el bebé por nacer. El expresidente, según Yáñez, expresó que estaba en shock y comenzó a hostigarla, argumentando que su relación era demasiado reciente como para consolidarla con un hijo.
La siguiente etapa de lo que Yáñez considera un plan de desprecio culminó en lo que denominó su peor decisión. Afirmó que Fernández la ignoraba por completo, retirándole la palabra, lo que la llevó a sentirse completamente aislada. En su denuncia, Yáñez fue más explícita, alegando que Fernández insistía en que debían "resolver la situación", y que el aborto era la única opción.
Hubo un diálogo incómodo: según la denuncia, el expresidente le advirtió que no podía decirle a nadie que estaban esperando un bebé, argumentando que aún no la había presentado a su hijo Estanislao. En ese contexto, Yáñez replicó que, de haber sido informada antes, habrían tomado precauciones para evitar el embarazo. Sin embargo, Fernández insistió: "Hay que resolverlo, tenés que abortar".
Después de este episodio, Yáñez y Fernández se separaron temporalmente. Ella se mudó a un departamento en el barrio de Belgrano, hasta que, tiempo después, se reconciliaron y volvieron a vivir juntos.
En la ampliación de su denuncia, Yáñez solicitó que se agraven los delitos imputados a Fernández, mencionando este episodio como un ejemplo de lo que su abogada, Mariana Gallego, calificó como "violencia reproductiva". Esta forma de violencia de género está tipificada en el Código Penal y se refiere a actos que "limitan o coaccionan a una persona en relación con su capacidad reproductiva, afectando su autonomía sobre decisiones fundamentales como la de tener o no tener hijos".
Desde la perspectiva del derecho penal, la violencia reproductiva "puede abordarse a través de varias conductas punibles que violan derechos fundamentales, como la integridad física y psicológica, la libertad sexual, y el derecho a la salud", explicaron fuentes judiciales a Clarín.
La construcción jurídica de este delito es similar a la que se aplica cuando un hombre obliga a su pareja a continuar con un embarazo no deseado. Sin embargo, también puede ser punible cuando la intervención de un tercero busca el objetivo opuesto: que una mujer aborte en contra de su voluntad.
En su denuncia, la exprimera dama profundizó las acusaciones genéricas que había formulado previamente ante el juez Julián Ercolini, a quien solicitó medidas de protección frente a Fernández, medidas que el magistrado ordenó de inmediato.
A pesar de la distancia física entre ambos, el exmandatario habría violado la prohibición de comunicarse con la madre de su hijo y habría continuado con lo que Yáñez calificó como "terrorismo psicológico". Para verificar estas acusaciones, la justicia allanó el viernes el departamento de Fernández en Puerto Madero y confiscó su teléfono. Si se comprueban las sospechas, el expresidente también podría enfrentar cargos por desobediencia.
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