
Patricia Bullrich implementó el Registro Nacional de Antecedentes de Conducta en las fuerzas de seguridad
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El Ministerio de Seguridad, mediante una nueva resolución, estableció la creación del Registro Nacional de Antecedentes de Conducta (RE.N.A.C.). Se trata de un sistema destinado a consolidar y centralizar la información sobre sanciones expulsivas impuestas a miembros y aspirantes de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como provinciales.
Este registro informado en el Boletín Oficial de este viernes sustituirá al anterior RE.NA.SEI y tiene como objetivo reforzar la transparencia, la ética y la integridad dentro de las instituciones de seguridad del país.
El RE.N.A.C. incluirá información sobre bajas, cesantías, exoneraciones y otras sanciones relacionadas con conductas contrarias a la ética pública, aplicadas en los últimos diez años.
Este sistema, además, estará vinculado a las escuelas de formación inicial de las fuerzas federales, las cuales deberán verificar los antecedentes de todos los aspirantes antes de su ingreso.
La resolución también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a este sistema mediante convenios interjurisdiccionales.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó que esta iniciativa busca prevenir que personas con antecedentes negativos puedan reincorporarse a otras fuerzas, fortaleciendo así la transparencia en la gestión de los recursos humanos.
En la medida, la funcionaria destaca la necesidad de "unificar, clasificar, verificar, coordinar y comunicar la información que hoy se encuentra registrada en cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, tanto federales como provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación con la baja de sus recursos humanos por motivos de faltas a la ética, integridad y transparencia".
Este nuevo registro respeta la normativa vigente de protección de datos personales ya que a la información que se genere allí solo podrá acceder el personal de la Administración Pública Nacional, provincial, municipal, de CABA, del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de todas las jurisdicciones. Según argumentan, será clave para garantizar un mayor control y profesionalización de las fuerzas de seguridad en todo el país.


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