Para la UTA el acatamiento del paro en San Juan fue del 100%

La medida afecta a gran parte del país. A nivel provincial, la medida fue declarada ilegal, aunque desde la UTA aseguran que se comunico todo a la nación.

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La provincia de San Juan se quedó sin colectivos este martes debido al paro nacional de 24 horas convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Según el secretario gremial del sindicato en la provincia, Marcelo Maldonado, la adhesión a la medida fue del 100%. Sin embargo, la Subsecretaría de Trabajo advirtió que la protesta fue considerada ilegal en el ámbito local, lo que podría derivar en sanciones económicas para los choferes.

 La medida de fuerza se tomó luego de que fracasaran las negociaciones salariales a nivel nacional. La UTA reclamaba un aumento del salario básico de $1,2 millones a $1,7 millones, pero las cámaras empresarias sostuvieron que no pueden afrontar una suba si no se actualizan los ingresos del sector para cubrir los costos operativos. Finalizada la conciliación obligatoria el pasado 30 de abril sin acuerdo, el sindicato resolvió convocar al paro.

 En San Juan, la controversia se generó porque medida no fue informada formalmente a la Subsecretaría de Trabajo, como exige la ley provincial. Si bien desde la UTA local argumentaron que al tratarse de una medida nacional fue notificada a las autoridades nacionales, el subsecretario de Trabajo provincial, Franco Marchese, explicó en declaraciones a Canal 8 que toda acción gremial que afecte servicios esenciales en el territorio provincial debe ser informada con al menos 24 horas de anticipación.

 "La ley es clara. Aunque sea una medida nacional, al afectar un servicio esencial como el transporte público, tiene que ser notificada a las autoridades provinciales. No se puede garantizar el servicio si no se cumple con este procedimiento", sostuvo Marchese.

 Ante esta situación, el Gobierno provincial analiza aplicar sanciones económicas a la UTA y a los choferes involucrados. Las multas podrían ir ser aplicadas entre el 50% hasta el 200% del salario mínimo vital y móvil, en función del grado de afectación, la duración del paro y la cantidad de trabajadores implicados.

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