Diputados logró dictamen para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Este martes, durante una reunión del plenario de comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, el oficialismo junto a bloques de la oposición logró el dictamen para bajar la edad de imputabilidad a partir de los 14 años, en el marco de una reforma al Régimen Penal Juvenil.

La diputada Laura Rodríguez Machado anunció que ya se encontraba en Secretaría un despacho con 77 firmas a favor, superando al proyecto alternativo presentado por Unión por la Patria (UxP), que mantenía la edad de imputabilidad en los 16 años actuales.

 El texto acordado fue impulsado por La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica, luego de varias reuniones técnicas con expertos en materia penal y de derechos humanos.

Una "asignatura pendiente"  
La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), calificó la reforma como una "asignatura pendiente" del Congreso, destacando que el objetivo del nuevo régimen es fundamentalmente resocializador, educativo y de contención para los adolescentes que ingresan en conflicto con la ley penal.

"Las medidas alternativas previstas en la norma, junto con la figura del acompañante que asistirá al joven en todo momento, indican que vamos por el camino correcto", aseguró Reyes.

Críticas desde la oposición  
Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda, Christian Castillo, cuestionó duramente la iniciativa: "Se trata de una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas que se proponen resolver".

Además, señaló que "la evidencia en países donde se bajó la edad de punibilidad no reduce la delincuencia, sino que incluso ha llevado a un aumento de los delitos entre esos grupos etarios".

Próximo paso  
El proyecto será incluido en el temario de una sesión especial que se desarrollará esta misma semana en la Cámara de Diputados. De ser aprobado, pasará al Jurado de Enjuiciamiento y luego al Jurado de Selección de Magistrados para su implementación gradual.

La reforma busca dotar al Estado de herramientas más efectivas para intervenir en casos de menores infractores, sin descuidar las políticas de prevención y reinserción social.