Recientemente, hubo un extraño acto, gestado desde un esperado e importante sorteo de viviendas, que activó a muchos ciudadanos vallistas, que revolvieron sentimientos y acciones encontradas y salieron a buscar organismos del propio Estado, para que los ayudaran a entender una situación muy efímera, nada más y nada menos, que ser burlados con un juego de albur sin casualidad, cuyo pozo era la oportunidad del techo propio. Se sortearon 151 viviendas, a saber 60 sorteados del grupo 1; 34 sorteados del grupo 2; 30 sorteados del grupo 3; 11 sorteados del grupo Discapacidad general; 7 sorteados del grupo Discapacidad motriz; del grupo ex Combatientes 1 sorteado y 8 sorteados del grupo de Fuerzas de Seguridad. En cada grupo, dicen los postulantes, que hay anomalías. Esa movida de los vecinos salió a la luz en muchos medios sanjuaninos y apareció, sin buscarla, una movida de Jaque al Rey (el gobernador).

Como reacción desde ADECUC (Asociación de Defensa de Consumidores Usuarios y Ciudadanos) expresó que “Un gobierno que no respeta los principios constitucionales, que no es transparente, que oculta o tergiversa la información, no puede decirse democrático. Nuestra Constitución Provincial habla de Democracia Participativa, que en la realidad no existe. Duro comentario y otro movimiento en contra.

¿Por qué salió a decir esto? Porque la Ley 196 A ( cuyo origen legal es la Ley Nº 4435 de creación del IPV), cita expresamente en el Articulo 25, que “Las viviendas construidas dentro de los planes que en virtud de la presente Ley se autoricen serán adjudicadas una por cada familia y por única vez, teniendo en cuenta la justificación de las necesidades de cada una de ellas, debiendo determinarse éstas por un sistema de puntaje cuyas pautas serán establecidas por el Director General del Instituto previo dictamen del Consejo Consultivo, aplicándose en lo pertinente el Art. 11 de esta Ley. Y, además, el Artículo 28 dice que el solicitante o las personas que compongan su grupo familiar, no deberán ser propietarios de vivienda o bienes muebles o inmueble realizables de valor equivalente al de la vivienda que le correspondiere, o cuya venta permita solucionar su problema habitacional, siempre que dichos bienes no constituyan el único medio de vida del solicitante y su grupo familiar. Y en el más importante para este caso, se constituyen el Artículo 29 donde dice que el Instituto determinará el sistema de puntaje para la adjudicación de viviendas, teniendo presente para ello las siguientes pautas: a) El grupo de integrantes del grupo familiar y sus ingresos. b) Las condiciones de habitabilidad de la vivienda que actualmente tienen o poseen. c) Titularidad de esa vivienda u otro dato de interés. d) Hacinamiento y promiscuidad. Dicen por ahí, desde adentro del propio Municipio y desde algunas bocas “favorecidas en el sorteo”, que el Intendente exigió, dado sus compromisos políticos, se adjudiquen unas 30 casas a los adjudicatarios que el señalizaría. 

Pero me permito observar, que hay alguien que asesora mal al Intendente, porque este tumulto, este desconcierto y estas broncas reflejadas en quejas de los postulantes, (que ahora son opositores), demuestra que es zafio a la hora de pensar y que es muy proclive, a utilizar cualquier arma para imponerse y eso, lo transforma en un mal operador o al menos, en alguien que es fácil de equivocar y de necedad férrea, que en este caso sirve para darle una mano a la oposición política. ¿Su entorno no le ayuda o él mismo no se deja ayudar? Porque hay algunas amigas que en las redes lo aplauden por una pared en el cementerio y hay 380 firmas en su contra. Malas cuentas.

Porque con la obsesión de capitalizar como política propia, un acto concreto establecido como derecho ciudadano garantizado constitucionalmente para el acceso a la vivienda, no solo jaqueó la credibilidad del sistema de sorteos de la Caja de Acción Social, sino que además, puso en duda los mecanismos del IPV y de ahora en más, todos dudarán de esos actos. Eso jaquea y deteriora peligrosamente toda la tarea del Gobernador Uñac en este ámbito y comienza una nueva etapa para descreer en su gestión. Y es tal la pifia, que hasta el mismo Yornet del IPV, salió a tratar de apagar el fuego con nafta, porque tampoco sirvió su explicación en una radio sanjuanina, en lugar de esperanzar a los que no tienen nada que ver con las anomalías, al contrario, más los confundió. ¿No hubiera sido mejor, censar, rubricar las mensuras de esas porciones de tierra que vienen entregándose a muchas personas del barrio Costanera y de esa manera alivianar la lista de postulantes? ¿No hubiera sido mejor y menos estresante, para la figura del intendente, esperar para cuando el barrio se termine? 

Los vecinos que se sienten disconformes y burlados, le presentaron notas al Defensor del Pueblo (ex presidente del Bloque Oficialista en la Cámara de Diputados) y al propio Yornet en el IPV. Entre varios argumentos, escribieron “Que los requisitos fundamentales que exige el Instituto Provincial de la Vivienda, son claros y precisos y hay varios casos de los sorteados que, por su condición económica y social, fácilmente identificables, son favorecidos y ostentan su “suerte” como si hubiera existido una clara intención para ser beneficiarios”. Lo cierto es que ya suman varias cosas en contra del Intendente y su misérrima gestión. El desatino es claro y no debería ser tapado ni ayudado. El gobierno central de San Juan, debería tener especial cuidado, puesto que al tomar estado público todo este atropello, hay mas cuitas en contra que a favor. No por el Valle en sí mismo y sus pocos votos, sino por el resto de tantas viviendas a entregar y sortear prontamente. No vaya a ser contagioso.

¿Y la oposición vallista? ¿Cuál es la función de la oposición? La oposición debería estar al servicio de una diferenciación clasificatoria. La oposición se considera un elemento básico y esencial de los regímenes democráticos. Su importancia radica en que son el factor de control y limitación de los gobiernos en turno y la alternativa a la formación de nuevos gobiernos. La oposición dentro de una democracia tiene entre sus funciones, la de limitar al gobierno en turno, pero no solo eso, también debe promover el pluralismo y la convivencia en el disenso. Solo así se puede lograr el fin último de los servidores públicos: la búsqueda del mayor bienestar para la población. Dicho esto, ¿Hay oposición política en el Valle? Algunos dirían que si, otros que no, hasta podríamos oír términos despectivos de que directamente, la oposición en el Valle, no existe. 

Claro está, que la connivencia de la oposición, desde el mandato pasado a la fecha, hace que todos sean en parte culpables del desatino. Si hasta comprometen, ya dicho, la gestión del propio Uñac. 

Dentro de un régimen democrático, la oposición tiene entre sus tareas la de poner límites al gobierno en turno, para mantener el equilibrio entre las intenciones de la autoridad y el apego a la legalidad. De acuerdo con el jurista argentino Ricardo Haro, la oposición tiene tres funciones dentro de una democracia: colaboración, control y contestación. Una oposición sólida, no se construye solamente a partir de votos en contra de las propuestas presentadas por el Ejecutivo y su partido político, sino también en la discusión con sus adversarios de los mecanismos con los que se solucionarán las problemáticas. El pluralismo y la convivencia en el disenso son, en palabras de Haro, “presupuestos inexcusables de la democracia”. La oposición debe buscar gobernar desde la colaboración y asumir la responsabilidad de disentir y de apoyar buscando el mayor bienestar para la población. Entonces, no hay lugar para una oposición que siempre cede, que no controla, que no tiene peso.

Esta situación del IPV, ha generado un problema para todos. Oficialismo y Oposición. La solución está a la vuelta de la esquina; la solución debe aportarse desde ambos sectores, el derecho del postulante no debe ser mancillado ni manoseado. Las herramientas debe aportarlas el IPV, no poner en tela de juicio el sorteo ni tampoco volver a realizarlo, solamente investigar los casos criticados, darle la legalidad que corresponde. Por lo que se vio, nadie controla a nadie, y se me antoja pensar, ¿Por qué se permitió que se sumaran a última hora tantos postulantes? En un lugar tan particular, donde todos nos conocemos, donde cada extraño se nota, donde cada quien sabe lo que tiene uno y otro, de quien es hijo, descendiente, pariente etc., eso fue contraproducente. 

La oposición, tiene responsabilidad, tiene que proponerse ayudar a la investigación, tomarse el papel en serio de lo que les corresponde. La Ley 430 P los obliga no solo debe investigar y pedir informes y controlar lo del IPV y la supuesta libertaria decisión del Intendente, sino de todos los actos administrativos que la Ley Orgánica le exige. El oficialismo, con su comandante de brigada, deberá ser más claro, porque al paso que va, con esa ilusoria y frágil versión de querer ser candidato a Diputado Nacional, ya le va quedando muy grande y además, con un acto sencillo, que debería ser al azar y suerte, forzó a que la situación ponga en Jaque al mismísimo Rey. ¿Qué harán los peones?