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La muerte a balazos de un camionero riojano, en plena persecución policial en Valle Fértil, conmovió a Cuyo y tomó trascendencia nacional. Este lunes, el efectivo policial Ricardo Rodríguez que efectuó casi una veintena de disparos contra el camión y que le costó la vida a Federico Gastón Orihuela enfrentó por primera vez a la justicia y en La Rioja, hubo repercusiones.
La Secretaría de Derechos Humanos de la vecina provincia se expresó sobre el crimen a través de un comunicado oficial. “Con tremenda tristeza e indignación, nos anoticiamos del asesinato de un comprovinciano, Federico Gastón Orihuela, camionero oriundo de Chepes que, como consecuencia de una persecución policial por fuga, en la localidad sanjuanina de Valle Fértil, fue acribillado a balazos. Esta ejecución por la espalda, sin haber resistencia con armas, es totalmente violatorio del Código Penal y las normativas de buenas prácticas policiales", señaló el escrito, reproducido por el diario Nueva Rioja.
El texto marcó: "Desde La Rioja, exigimos al ministerio público fiscal de la provincia de San Juan, que vela por los intereses de la sociedad, la legalidad y es el órgano que investiga y sostiene la acusación penal, que lleve adelante el eslarecimiento y sanción, de este hecho aberrante de violencia institucional que enluta a una familia de nuestra provincia y a toda la comunidad de Chepes”.
El caso
Ricardo Rodríguez, el policía que acribilló a un camionero en medio de una persecución va directo al Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación. Así lo dispuso la jueza de Garantías, Flavia Allende, quien lo imputó por el delito de Homicidio Agravado por ser parte de las Fuerzas de Seguridad.
Desde el Ministerio Público Fiscal se pidió 10 meses de investigación para producir las pruebas y tomar los testimonios. Por su parte el abogado defensor, doctor Martín Zuleta, pidió su libertad porque consideró que no hay "peligro de entorpecimiento" y para ello se refirió al artículo 299 del Código Penal.
Tras estas consideraciones, la jueza pidió un cuarto intermedio para analizar la situación. Luego imputó al efectivo y dispuso 10 meses de investigación. Mientras se cumple ese tiempo, el policía cumplirá prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.
Fuente: La Provincia SJ
