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El Gobierno tiene resuelto poner como tope la inflación para los aumentos salariales de 2025. El límite fijado por las áreas de Economía y Capital Humano de la administración libertaria se sostendrá, admitieron en el Ejecutivo, con herramientas administrativas como la homologación de las paritarias. De este modo, si un gremio eventualmente logra pactar una suba de ingresos por encima de la evolución de la canasta básica de precios, los funcionarios podrán privar a ese acuerdo de validación y, por lo tanto, de garantía de cobro para los trabajadores de esa actividad.
La pauta salarial para el año que viene fue confirmada a El Destape por los responsables de llevar adelante el monitoreo de la ronda de paritarias. Según el plan oficial, los sindicatos que pretendan el visto bueno para sus aumentos deberán atenerse a la dinámica inflacionaria y, en el mejor de los casos, podrán disponer subas superiores sólo en las empresas o regiones de su actividad que estén dispuestas a superar esa guía siempre y cuando la mejora no sea obligatoria para todos los empleadores alcanzados por un convenio colectivo.
Un funcionario de primera línea lo graficó: "en la Argentina los gremios están acostumbrados a acordar en salarios lo máximo posible. Nosotros vamos a cambiar esa lógica y el año que viene la premisa va a ser que cada uno pacte lo mínimo posible. Es decir, que no pierdan contra la inflación pero tampoco que saquen ventaja". En otros términos, la pauta del Gobierno impedirá recuperar poder adquisitivo a los trabajadores que lo hubiesen perdido en los últimos meses contra la evolución de los precios, en particular luego de la devaluación de 118% de diciembre pasado y el consecuente subidón inflacionario.
Para el Ejecutivo esa premisa permitirá el sostén de la cantidad actual de puestos de trabajo en un contexto donde el desempleo creció en los últimos doce meses, se perdieron más de 150 mil puestos y el mercado laboral reconvirtió parte de los estables con buenos salarios en precarios de bajos ingresos. Y también, destacan, pondrá a salvo a pequeñas y medianas empresas que, siempre según la mirada oficialista, tienen dificultades para pagar los aumentos de sueldo acordados en paritarias.
La responsabilidad por la aplicación del plan recaerá en la Secretaría de Trabajo, a cargo del abogado Julio Cordero. Para hacerlo echará mano del mecanismo de homologación que, como autoridad de aplicación, recae en la cartera laboral. Por lo general ese control de legalidad es un mero trámite destinado a prevenir acuerdos espurios a la baja entre empleadores y sindicalistas que puedan esconder otros beneficios particulares, o bien en sentido inverso alcanzados mediante artilugios ilegales.
La amenaza de no homologación es parte intrínseca de la negociación entre todos los gobiernos y el sindicalismo, e incluso administraciones con vocación redistribucionista pueden utilizarla para estimular subas salariales más allá de las formalmente pactadas en la negociación bilateral. En este caso, en cambio, los funcionarios de Javier Milei esperan ponerla en práctica para atenuar toda la ronda de paritarias con la mira puesta en acompañar la desaceleración que experimentó la inflación en los últimos meses.
En el primer tramo del gobierno de Milei las homologaciones se redujeron casi a cero mientras los funcionarios aguardaban instrucciones del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de cómo debían administrar las paritarias. Por entonces Omar Yasín era el secretario de Trabajo y tras su desplazamiento en marzo asumió Cordero, que demoró varias semanas más en validar los acuerdos suscriptos hasta ese momento. De hecho el asesor plenipotenciario sin cargo Santiago Caputo debió comprometerse en persona ante Hugo Moyano y otros líderes de la CGT a que el Gobierno agilizaría las firmas administrativas necesarias para asegurar el cobro de los aumentos de varios sindicatos. Sólo una vez que se restableció el ritmo habitual de homologaciones Camioneros desactivó una amenaza de paro que construía con otras organizaciones.
