Sectores del kirchnerismo, el PRO y la UCR consiguieron bloquear las designaciones que Javier Milei había propuesto para el máximo tribunal. Ahora deberá resolver el juez Ramos Padilla, a cargo de la causa que busca la inconstitucionalidad de sus nombramientos en comisión.
Argentina03/04/2025
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En una sesión histórica, el Senado de la Nación rechazó este martes los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. Con este rechazo, el oficialismo recibió un duro golpe político que también salpicó al asesor presidencial Santiago Caputo, principal arquitecto de la estrategia para cubrir las vacantes del máximo tribunal.
El rechazo fue categórico. El pliego de Lijo obtuvo 43 votos en contra y 27 a favor, con una abstención del oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja). El de García-Mansilla fue aún más lapidario: 51 votos en contra y apenas 20 a favor. Ambos necesitaban el respaldo de dos tercios de los presentes para ser aprobados.
Pero lo más contundente fue el mensaje institucional. Desde 1983, nunca el Senado había rechazado en el recinto el pliego de un candidato propuesto por el Poder Ejecutivo para un cargo judicial de esta jerarquía. En anteriores ocasiones, ante la falta de consensos, los presidentes optaban por retirar los pliegos. Esta vez, el Gobierno prefirió avanzar de forma unilateral con la firma de un decreto para designarlos "en comisión", una jugada que terminó irritando incluso a sectores afines.
Críticas cruzadas y ruptura de apoyos
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), fue una de las más duras al calificar como "una artimaña" la decisión del Ejecutivo de firmar el decreto apenas tres días antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. "El Presidente fue por la banquina", disparó.
Tagliaferri también cuestionó a García-Mansilla por haber afirmado en audiencia pública que no aceptaría ser juez por decreto, para luego aceptar la designación. "Nos mintió en la cara", denunció. "Como Pedro, negó tres veces que iba a ser juez en comisión", ironizó Martín Lousteau (UCR-Capital), quien advirtió que, si se convalida este mecanismo, "ya no habrá jueces, sino empleados del Poder Ejecutivo".
Desde la UCR, el senador Eduardo Vischi (Corrientes), habitualmente dispuesto a colaborar con el oficialismo, también expresó su rechazo. "Parece más una actitud de querer demostrar que puedo interpretar la Constitución a mi modo y seguir adelante", lamentó.
El Frente Pro también dividido
Ni siquiera dentro del bloque Pro hubo consenso. Alfredo De Angeli (Entre Ríos) dijo haber estado dispuesto a apoyar a García-Mansilla "con las dos manos", pero tras la jugada del decreto cambió su postura: "Están violando la Constitución". Su compañera de bancada, Beatriz Ávila (Tucumán), le recordó que el debate no era sobre el decreto, sino sobre los pliegos enviados por el Ejecutivo.
Entre las pocas voces favorables, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero defendió a García-Mansilla por representar valores "que defiende la Constitución", pero rechazó a Lijo, alegando que "no merece ni un gramo de confianza".
Advertencia opositora
Desde Unión por la Patria, el jefe de bloque José Mayans fue contundente: "No pueden nombrar jueces por decreto. García-Mansilla está usurpando el cargo". Y advirtió: "Si aceptamos esto, durante cuatro años van a nombrar a quien se les cante. No hay más jueces de la República".
El mensaje que dejó la sesión fue claro: sin consenso político y con estrategias al borde de lo constitucional, los nombramientos en la Corte Suprema no prosperarán. La Casa Rosada deberá replantear su forma de construir mayorías si quiere avanzar en cargos de alta relevancia institucional.
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