La intendente de Caucete en aprietos: El Tribunal de Cuentas le exige aclaraciones por irregularidades

El Tribunal de Cuentas de San Juan emitió un documento de suma importancia dirigido a Caucete, que ingresó al municipio por posibles irregularidades en la gestión administrativa y financiera del departamento. La comunicación, que llega en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son temas prioritarios en la gestión pública, solicita al municipio que comanda Romina Rosas una serie de explicaciones y documentación detallada sobre diversos aspectos de su administración.

Entre los puntos más relevantes del pedido, el Tribunal de Cuentas exige la presentación de expedientes y procedimientos relacionados con los presupuestos municipales, así como la liquidación de sueldos, que en algunos casos fueron señalados como mal realizados. Además, se requiere demostrar la finalidad de los fondos que salen del municipio hacia diferentes organizaciones, incluyendo eventos como las fiestas departamentales y la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino. En particular, se cuestionan pagos parciales por un total de $54.000.000, sin acreditación clara del pago a los artistas, en incumplimiento con las normativas vigentes.

Otro aspecto que llama la atención es el alquiler de sonido e iluminación por un monto de más de $10.000.000, donde se detecta un posible incumplimiento del régimen de compras municipales, al haberse contratado de manera directa sin la debida licitación pública. Asimismo, se señala la contratación de artistas locales por $2.300.000, sin constancia de pagos acreditados ni firma de la intendenta en los contratos, lo que genera dudas sobre la transparencia en estos procesos.

El documento también hace referencia a irregularidades en las liquidaciones de sueldos, que no estarían siendo realizadas correctamente, y a la falta de rendición de cuentas respecto a una ayuda de $500.000 otorgada a una iglesia. Además, se detectan subsidios a instituciones sin fines de lucro que no cumplen con las normativas legales, y la ausencia de documentación que respalde el uso de movilidades y otros recursos públicos.

El Tribunal de Cuentas no solo pide información sobre estos aspectos, sino que también exige que los expedientes cuenten con la norma legal que autoriza cada pago y la partida presupuestaria correspondiente. Se solicita la implementación de instrumentos formales de registro, la confección de un registro de libre de deudas, y que toda obra pública se tramite en un expediente único desde su inicio hasta su finalización. También se requiere prever en el presupuesto las fuentes financieras necesarias para cumplir con las obligaciones, y elaborar un legajo completo de proveedores con toda la documentación respaldatoria, incluyendo al menos tres presupuestos para contrataciones de bienes y servicios.

El plazo establecido para que el municipio presente toda la documentación requerida es de 15 días hábiles, un período que busca promover la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. La intención del Tribunal de Cuentas es que el municipio aclare y regularice su gestión, garantizando la correcta administración de los fondos y fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones públicas.