En su peor momento con la Casa Rosada, gobernadores amenazan con no apoyar el veto al aumento jubilatorio

Los cincuenta minutos en los que habló el Presidente fueron dados a conocer al día siguiente. Su alusión hacia la oposición, tratándolos de “parásitos mentales”, se llevó la mayoría de los flashes. Pero se trató de uno de los discursos más políticos que Milei esgrimió en el último tiempo, revelador en su contenido sobre cómo prevé la relación con uno de sus aliados circunstanciales más importantes: los gobernadores, que poco a poco están empezándo a abroquelarse contra la Nación.

Al hacer una revisión en la marcha de su gestión y exaltar la baja de la inflación, Milei adelantó que buscará resolver diversos “problemas acuciantes”, marcando que confrontará con el “Estado del Estado”, es decir, los gobiernos provinciales. “Es calamitoso y requiere de reformas urgentes en cada una de sus áreas”, desafío, haciendo un llamamiento a enfatizar el modelo libertario en cada una de las elecciones locales.

“Nosotros podemos hacer cambios profundos, en la Administración Pública Nacional, pero las provincias explican una parte importante del gasto público y la presión regulatoria asfixiante que enfrenta el sector privado”, indicó, para después hacer una alusión directa contra los jefes provinciales: “Sin ir muy lejos, hace un año, gran parte de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”.

“Por esto es imperante llevar el cambio a las provincias, que hoy son la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía, y es el mejor ejemplo de cómo - desde el poder local - algunos buscan boicotear el cambio nacional”, agregó.

Toda una declaración de principios, la cual cayó pésimo en gobernadores tanto aliados como opositores, aunque también entendieron que Milei luego hizo énfasis en el caso bonaerense.

Ninguno de ellos salió a hablar en público sobre el tema. Pero en varias provincias se limitaban a difundir los datos publicados por la Secretaría de Hacienda de la Nación, que detalla que, en rigor, la presión tributaria como porcentaje del PIB se había mantenido igual en 2023 y en 2024, pero con una diferencia clave: esto había sucedido por una baja en la presión de las provincias (de 5,1% a 4,8%) y un aumento de la Nación (de 22,8% a 23%).

Esto fue consignado días atrás por el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, quien en un posteo de X finalizó diciendo “los datos son nobles, la manipulación está en los relatos”.

Un informe reciente hecho por Empiria, la consultora del ex ministro Hernán Lacunza, detalló que durante el año pasado, las provincias acompañaron la estrategia de ajuste del Gobierno y solo 3 de 24 quedaron con desequilibrio primario: Chaco, Catamarca y Buenos Aires (que aun así mejoró su situación fiscal). En tanto, seis jurisdicciones revirtieron su déficit: Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz, Santa Fe, Corrientes y Tierra del Fuego.

Esta mejora fiscal en prácticamente todas las provincias se debió, según consigna Empiria, por un ajuste promedio de 15% del gasto en términos reales, “que más que compensó la caída en los ingresos”. Por esa misma razón es que, durante el año pasado, la Casa Rosada se sentía con confianza para ajustar la billetera de las Provincias: “Todas ellas estaban siendo muy subsidiadas por la Nación. No les iba a afectar tanto y, además, todos teníamos que hacer el esfuerzo”.

La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores se encuentra en un momento de particular tensión. No lo compensa las ínfulas de consenso que inspira el Consejo de Mayo, el órgano multisectorial creado por el Gobierno para elaborar políticas públicas vinculadas al Pacto de Mayo y que tiene un representante de las provincias, el mendocino Alfredo Cornejo.

El lunes, un día antes de que se constituyera el Consejo, sucedió un hecho prácticamente inédito en los últimos años. Los 24 mandatarios subnacionales consensuaron un proyecto de ley para modificar el régimen de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos y así distribuir parte de la recaudación entre todas las provincias. La medida fue en respuesta a una reunión que habían tenido antes con emisarios del Gobierno, que no vieron como una solución a sus reclamos por mayores desembolsos de parte de Nación o la ejecución de obras de infraestructuras en rutas.

“Los gobernadores se unificaron todos. Es increíble cómo se les dio vuelta la tortilla”, dicen desde una provincia que, en público, actúa como aliado a la Casa Rosada.

 Aunque el ajuste sobre fondos orientados a las provincias son reales, este comportamiento también se explica por la coyuntura electoral. Al menos así lo explican los principales interlocutores libertarios. “Quieren más fondos para las campañas y están enojados porque nos estamos metiendo en sus distritos con el partido”, explican.

Es que al tener ahora un partido nacional estructurado, La Libertad Avanza busca instalarse en cada uno de los distritos subnacionales para comenzar a ganar musculatura. Aquello también genera sus divergencias al interior del oficialismo.

Fuente: Infobae