Lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2 a través de una medida cautelar. El magistrado Marcelo Dos Santos hizo lugar a la presentación colectiva de un conjunto de asociaciones civiles.
Argentina31/12/2024
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El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, bajo la conducción del juez Marcelo Bruno Dos Santos, emitió una medida cautelar que obliga al Estado nacional a resolver, en un plazo máximo de 60 días, los pedidos de medicamentos y subsidios demorados. Este fallo exige además que los procedimientos administrativos se ajusten a lo establecido por la Ley de Procedimientos Administrativos.
La decisión responde a un proceso colectivo iniciado por asociaciones civiles que representan a pacientes con cáncer y otras enfermedades graves, quienes buscan garantizar los derechos a la salud y la vida de quienes necesitan medicación o asistencia médica. La demanda se enfoca en la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales (DADSE), un organismo dependiente del Ministerio de Salud, señalado por retrasos en la resolución de expedientes esenciales para los tratamientos.
Los puntos clave del fallo
La medida cautelar fue presentada en abril y representa a todas las personas cuyos trámites ante la DADSE se encuentran suspendidos por diversos motivos, tales como:
Falta de designación de autoridades como director o subdirector.
Insuficiencia de presupuesto asignado.
Retrasos en los procedimientos para la obtención de presupuestos.
El fallo ordena al Estado nacional:
Nombrar autoridades en la DADSE.
Establecer procedimientos que respeten el debido proceso y la urgencia de los casos.
Asignar personal suficiente para responder a las solicitudes en un plazo no mayor a 20 días.
Garantizar un presupuesto adecuado para cubrir las necesidades durante todo el año.
Medida cautelar en Mendoza contra el PAMI
En paralelo, la Justicia Federal de Mendoza dictó otra medida cautelar que suspende la obligatoriedad de una nueva inscripción para que los afiliados del PAMI accedan a medicamentos gratuitos. Esta resolución, con alcance exclusivo en la provincia, fue impulsada por la Asociación para la Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas Mayores (Jubypen), representada por los abogados Carlos Blanco y Marisa Uceda.
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